Personal del puesto caminero Túnel ubicó junto a integrantes de la División Delitos y Sumarios la gran mayoría de los vehículos con adulteraciones evidentes y desde allí se judicializó la investigación que derivó en la denuncia contra el titular de la concesionaria. Simultáneamente, eran secuestrados automóviles, camionetas y hasta camiones que habían sido vendidos en Paraná, Paraná campaña y el Departamento Diamante. Los rodados contaban con numeración de chasis, motor y documentación adulteradas.
La investigación también llevó a averiguar la relación entre una suboficial y un gestor, que podría llegar a estar directamente relacionado con el dueño de la concesionaria involucrada con la venta de autos robados con documentación apócrifa.
El caso recayó en manos del juez de Instrucción Héctor Toloy, quien dispuso varias medidas.
Entre las derivaciones, se supo que dos policías misteriosamente se pusieron a disposición de los investigadores y entregaron en forma voluntaria sus rodados. Tras informar que los habían comprado en la misma concesionaria, las pericias establecieron que tenían pedido de secuestro, además de la adulteración de la numeración de chasis y motor.
De ese modo, fueron trasladados a dependencias policiales de calle Laprida un Fiat Uno perteneciente a un policía que revistaría en la Dirección de Asuntos Internos y un Peugeot 306 de un comisario de Paraná, que en la gestión de Sergio Montiel ocupó un importante cargo en la custodia del Ministerio de Gobierno.
En el puesto Túnel se informó que era más que “sospechoso el movimiento que se generó en torno de la venta de automotores desde una compra venta, en la cual aparentemente todos eran robados”.
Se hizo notar que la investigación tratará de aclarar porqué “personal policial no pudo comprobar semejantes irregularidades, pero además cómo pudo ser posible que un Registro Automotor de Paraná extendiera los certificados y documentación con el arrastre de las anomalías”.
La Policía constató que los automóviles y camionetas fueron robados en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe y modificados en talleres mecánicos de la ciudad.
Por otra parte, se trata de conocer a ciencia cierta si los policías dueños de los autos compraron los rodados a un precio más económico, sin saber de las maniobras, o bien directamente participaron de la receptación indebida de los vehículos sabiendo a lo que se exponían. Una vez que finalice la feria, el dueño de la concesionaria y los uniformados deberán aclarar las varias dudas del juez Toloy en la causa de venta de autos robados con documentación apócrifa y posible asociación ilícita.
