Los tres oferentes son, Equys SRL; Systeco SA; y Carlos Alberto Béttiga, según la información de El Diario. Uno de los argumentos que haría caer la licitación es el costo demasiado elevado del servicio que pretenden los privados: la mayoría aspira a quedarse con alrededor del 70 % del monto de las multas cobradas, y hubo incluso firmas que pusieron un piso mínimo, de 20 mil actas de infracción en forma mensual.
Aunque la ley nacional ponía el acento en la necesidad que el Estado no transfiera esta responsabilidad fundamental, en Entre Ríos y casi en forma inmediata se impulsó la privatización de este servicio.
