En el origen del expediente se encuentra una serie de consultas que realizó la Unidad Ejecutora Provincial a los organismos de control constitucional. Las conclusiones fueron de tal tenor que, a poco de andar, las actuaciones fueron tomadas por la Oficina Anticorrupción que, en los hechos, es quien aparece realizando la denuncia judicial. Lo que se trata de establecer es si Aranguren y Demartini cometieron fraude en perjuicio a la Administración pública y defraudación por abuso de confianza.
El laboratorio de medicamentos de Federal no tiene nada que envidiarle a tantísimos otros proyectos dentro del sector público que terminaron en denuncias que, a su vez, derivaron en juicios en virtud de que los intereses del Estado no fueron resguardados como era debido o los funcionarios involucrados se desenvolvieron de una manera que las normas vigentes sancionan. La saga se inauguró en octubre de 2006, cuando la agente fiscal número 6, Lydia Elena Taleb, le solicitó al juez interviniente, Jorge Barbagelata, que se instruya la causa, es decir, consideró que existían elementos suficientes como para que la denuncia merezca ser investigada.
La denuncia también contemplaba el hecho de que se hubiera asumido el compromiso de “ejecutar un proyecto de 7.393,943 dólares sin contarse con las previsiones presupuestarias pertinentes violando así, la Ley de Contabilidad 5.140, tal como había detectado el mismísimo Tribunal de Cuentas. En rigor, el organismo detalló una serie de irregularidades para un trámite suficientemente complejo y que sin embargo de inició y terminó en noviembre de 2003: falta de notificación de adjudicaciones; falta de cuadros comparativos; falta de garantías de cumplimiento contractual; falta de constancias de la adquisición de pliegos por parte de los oferentes, siendo requisito necesario para adquirir tal calidad.
Otro aspecto que se analiza es el desvío para estos fines de un millón de pesos que el Fondo de Inversión de Entre Ríos debió destinar a asistir a citricultores. Originalmente, el monto de 1 millón de pesos fue lo que la administración Montiel había publicitado como el total a invertir, pero con el cambio de gobierno se detectó que en realidad el programa demandaba algo más que eso: unos 2,4 millones de dólares.
Acaso algún memorioso pueda señalar que el 16 de marzo de 2.003 se celebró un convenio entre el Coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial, el Gobierno Nacional y Naciones Unidas, en el marco del Programa para Apoyo al Fortalecimiento de los Programas Médico Asistenciales de la Provincia de Entre Ríos, luego ratificado por decreto 2159/03 GOB. (B.O. 15/7/03).
De esa norma surge que el proyecto tenía como objetivo mejorar la calidad y eficiencia en la atención de la salud dentro del ámbito de la Provincia, mejorando el sistema de gestión de compras, así como la gestión para la adquisición del equipamiento necesario, con el fin de optimizar la relación costo-efectividad, costo-eficiencia y costo-beneficio, mejorando la logística y la relación agencia-profesional.
Acorde las constancias obrantes en el expediente número 493.386 RU, el Director Nacional del Proyecto referido, era el Presidente del Fondo de Inversiones de Entre Ríos y Coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial, señor Carlos Aranguren y su director Alterno, el Director Ejecutivo del FINVER, señor Elio Demartini, consecuentemente éstos eran los responsables de su ejecución.
Inicialmente, era una sociedad compuesta por el IAFAS y el IAPSER la que se haría cargo
del emprendimiento. Pero, como una cosa es querer y otra, distinta, poder, la sociedad debió ser auxiliada financieramente por el Finver, en una transferencia que también está siendo investigada.
Lo que ha surgido por distintas vías es un dato llamativo, tal como lo destaca la denuncia de la Oficina Anticorrupción: se realizaron 16 concursos de precios en el término de 48 horas (entre el 18 de noviembre y el 20 de noviembre de 2.003), “de lo cual se puede inferir, dadas las particularidades y especificidad técnica de los elementos que se requerían, que es prácticamente imposible evaluar tal cantidad de información en sólo dos días”.
Fuente: Análisis
