En 2011, el Colegio del Uruguay designó autoridades por concurso, tras la jubilación de Eduardo Giqueaux después de 32 años al frente. La profesora de Historia Celia D’Angelo ganó el concurso público convocado por la rectora organizadora de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Graciela Mingo de Bevilacqua, por Resolución 527/10 de la Uader, bajo cuya órbita funciona el establecimiento desde 2000.
Apenas dos años después, está asediada por al menos cinco sumarios administrativos, que se instruyen para determinar su responsabilidad “en la comisión de las conductas descriptas en los apartados b y c del artículo 115 del Estatuto Provisorio de la Uader”, según lo consigna la decisión unánime del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT), de la cual depende el Colegio. Las conductas a las que alude la resolución son “inconducta” e “incompetencia”. Las razones de las denuncias están detalladas en los expedientes 3307, 3308, 3309 y 3310 del 2012, y 631 del 2013. Los denunciantes son docentes de la institución, la vicerrectora y personal administrativo, es decir, parte del personal que cotidianamente compartía la labor con la denunciada. El Miércoles pudo saber que hay otros dos sumarios en curso y una denuncia penal iniciada por la madre de una alumna.
CLIMA HOSTIL
Una especie de clima de “guerra fría” es el que impera en las instalaciones del histórico establecimiento. Quizás por eso, todos los consultados por este cronista coincidieron en una sola cuestión: el pedido expreso de no mencionar sus nombres.
“A Celia le cuesta relacionarse”, explicó a El Miércoles una de las pocas voces que procura mantener distancia entre ambas posiciones. “Arrancó su gestión con buena expectativa, pero por su forma de ser, se fue enfrentando innecesariamente con mucha gente. Por ejemplo, ella no dialoga sino que prioriza otras formas de relacionarse, a través de notas, que casi siempre son inquisidoras, acusatorias: ‘hiciste tal cosa y esta nota va a tu legajo’; amenazaba con iniciar sumarios, aunque luego no los concretaba porque no tenían asidero. Lamentablemente la forma en que ella se maneja fue la manera en la que le respondieron: a esto lo generó ella misma”, sintetiza.
“Esto” son las denuncias realizadas en su contra, que siguieron el camino administrativo dentro de la Universidad. Es decir: hechas las presentaciones, los asesores legales de la Facultad emiten un dictamen, entendiendo que los hechos denunciados encuadran en disposiciones del Estatuto que son definidas como “inconducta” o “incompetencia”.
Ese dictamen lo elevan para su tratamiento al Consejo Directivo de la Facultad (máximo órgano de gobierno académico, que cuenta con representación de todos los claustros). El Consejo resolvió por unanimidad, en todos los casos, iniciar la investigación, y para eso nombra un “instructor” que deberá tomar testimonio a los denunciantes y denunciada, evaluar los hechos y en función de eso, sugerir una resolución.
Los plazos ya están corriendo: a partir de la notificación –que fue el 17 de abril–, el sumariante tiene diez días hábiles para tomar declaraciones y luego otros cinco para expedirse. Estos plazos se han estirado, pero en los próximos días se conocerá el resultado.
LAS ACUSACIONES
Las autoridades universitarias designaron como instructor de todos los sumarios al abogado Mario Gabriel Carballo, que cumple funciones en la FCyT de Concepción del Uruguay, y es además funcionario político de la gestión peronista de Carlos Schepens (es director de Legislación y Asuntos Jurídicos de la Municipalidad). También es vicepresidente del Colegio de Abogados local. Un hombre atareado, como se ve.
Las denuncias son variadas: desde acoso laboral y hostigamiento, pasando por amenazas, maltratos “verbales y físicos delante de docentes de la casa” y “ante el alumnado”, hasta la sustracción de documentos, la entrega de certificados y títulos sin cumplir con los procedimientos indicados, la quita de horas cátedras en forma injustificada, la asignación arbitraria de tareas, descuentos injustificados, y un largo etcétera.
Algunas de las acusaciones suenan insólitas, como “ordenar al personal de servicio que no colaborara con la organización de la XXIII Feria Provincial de Ciencia y Tecnología”, o la “sustracción de la Vicerrectoría de las carpetas de trabajos” de esa misma Feria. Y por insólito que parezca, la rectora dejó huellas de esas metidas de pata.
“DÉSPOTA”
La palabra suena tan fuerte que cuesta creer que se utilice hacia una rectora de una institución como el Colegio. Sin embargo, es la más usada entre los que narran la situación vivida desde la asunción de D’Angelo como rectora. Y no sólo por quienes realizaron las denuncias. “Yo no la defiendo ni la termino de condenar”, dijo otra docente a este medio. “Creo que se manejó mal, y ha usado métodos que se viven casi como despóticos. Por ejemplo, la rotación sistemática de lugar de trabajo que ha utilizado con los preceptores, eso genera un malestar permanente. Y no escucha razones…”.
Pero otro docente, de los que defienden a la rectora, dice: “El Colegio cambió para bien en muchas cosas: está más ordenado, va mejorando la matricula, se implementaron varios programas para mejorar un montón de cosas, y eso es mérito de ella”.
En cambio, otra voz del personal asegura que “la incompetencia de Celia, su insistencia en medidas equivocadas y en no atender las sugerencias de las autoridades la llevaron a aislarse: dejaron de atenderle el teléfono, cansados de dialogar con una pared. No tiene diálogo con (el rector de la Uader, Aníbal) Sattler ni con (el vicerrector, Juan) Bózzolo -ambos electos por la comunidad educativa en diciembre- ni tampoco con (el ministro de Educación, José) Lauritto”. Otro de los consultados narra una anécdota a la que juzga “ilustrativa” de la presunta ineficiencia: “El que debió viajar a Buenos Aires, traer los títulos de la promoción 2011 y solucionar un problema gravísimo generado por Celia fue el propio Lauritto, que fue también quien terminó apurando las gestiones por las netbooks”.
Entre los denunciantes están la vicerrectora del turno tarde, Norma Haudemand, los profesores Alberto Zapata y Laura Benítez, y la administrativa Mercedes Gargano. Por si esto fuera poco, también existe una denuncia penal –a raíz de una beca y un viaje de estudios–, iniciada por Laura Montefinale, madre de una alumna del Colegio. Esa causa está actualmente en mediación.
MIRADAS DIFERENTES
Aun quienes defienden a la rectora le atribuyen serias dificultades para relacionarse con el personal. Pero reivindican aspectos de su gestión: “No es verdad que sea ineficiente. Es una mina trabajadora y eficiente, pero un poco mandona y, sin dudas, con muy poca cintura para las relaciones humanas”, dijo a este medio una de esas personas. Eso parece ser lo que llevó a la insólita situación actual: la titular del Colegio acosada por las denuncias de su propio personal, incluso del más cercano.
Otro docente consultado destaca que “la Rusa no tiene ni los padrinos de Giqueaux ni la muñeca que tenía él”, y marca que el clima negativo se respira sobre todo “entre un grupo de preceptores y algunos administrativos”, pero afirma que la gran mayoría de los docentes, en el peor de los casos, es indiferente. “Con el Centro de Estudiantes alcanza buenos acuerdos, tiene buena relación. Pero está sola, porque no pudo construir consenso interno. Adentro del Colegio no hay un grupo que la defienda”.
También advierte que en la FCyT “hay cosas que se hacen mal y pareciera que de modo intencional, no sé si para perjudicarla o por otras razones, pero por ejemplo, tratan de sacarle horas del presupuesto al Colegio, se demoran decisiones administrativas que generan malestar entre el personal. O se toman decisiones y no le avisan a la rectora. Pidió tres veces reunión con las autoridades y no le responden. Y eso no creo que sea sólo porque tiene una personalidad fuerte o malos modos”.
Lo cierto es que todo parece indicar que la rectora, designada de modo inobjetable, carece de protección política; su personalidad se convirtió en su mayor escollo; y el resultado es que al arreciar esos cuestionamientos (más producto de su torpeza relacional que de algún tipo de conspiración o jugada política) no tiene defensa institucional. Los plazos de los sumarios están corriendo y la semana próxima, quizás, el Colegio tenga nuevamente, dolores de cabeza.
UNA CONCLUSIÓN
A este cronista hay una conclusión algo incómoda que le sobrevuela al momento de cerrar la nota. Por un lado, la sensación de que los mecanismos institucionales funcionaron como deberían hacerlo siempre: ante una irregularidad (supuesta o real), la denuncia de los empleados fue cursada, tomada en cuenta y se está investigando. El sumario será el que determine qué sucedió y si la rectora tiene responsabilidad en los hechos que se le endilgan. Eso es valioso, inobjetable y debería ser destacado.
Pero hay un aspecto que ensombrece esa conclusión y es una sensación que predomina de modo subyacente en casi todos los consultados: la firme convicción de que si la rectora tuviera “protección política”, aunque cada uno de los hechos narrados sea cierto, nada de esto pasaría.
Eso, lamentablemente, es lo que forma parte de lo cotidiano. Casi, casi, entristece que lo que debería ser normal –el funcionamiento de las instituciones- sea la noticia.
