El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entiende que la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) y la creación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) son medidas de una “absoluta trascendencia política”. Considera como “un avance sustantivo” el traspaso de las escuchas a la Procuración, pero emitió un comunicado en el que también manifiesta algunos problemas del proyecto de ley y llama la atención sobre las relaciones “espurias” entre Justicia y espías. Pide un diálogo amplio y maduro en el Congreso entre gobierno y oposición para trabajar “en el mejoramiento del proyecto sin buscar ventajas coyunturales que desplacen el eje de uno de los temas centrales para el sistema democrático”.
“En un contexto en el que se ha puesto en debate el intolerable nivel de autonomización del aparato de Inteligencia nacional y sus relaciones espurias con el sistema político y judicial, la nueva regulación debería servir para promover la reducción de su tamaño, la profesionalización de la actividad y una clara subordinación a las instituciones democráticas y al gobierno político. En igual sentido, representa un avance sustantivo sacarle a esta Agencia la facultad de centralizar las intervenciones telefónicas vinculadas a causas criminales y su traspaso al Ministerio Público”, señala el CELS.
Bajo el título “Avances y retrocesos en la Ley de Inteligencia”, las siete páginas del comunicado subrayan aportes, pero sobre todo se detienen pormenorizadamente en los problemas que plantea el proyecto en miras a revisar estas líneas en un debate en el Congreso. “La conveniencia de avanzar sobre la estructura autonomizada del aparato de Inteligencia nacional se puede tornar ineficaz (…) si se aumentan las competencias de la AFI y se superponen tareas de investigación e Inteligencia criminal. En este sentido, el proyecto no reformula la relación promiscua que existe con la Justicia federal al otorgarle y reforzar funciones de investigación. Además, se queda a mitad de camino en las modificaciones relativas a la incorporación de nuevos controles políticos, parlamentarios y judiciales que se requieren para transparentar su actividad”, expresa el documento.
