En este sentido, denunciamos que el gobierno nacional ha tomado la definición de no convocar a paritarias salariales incumpliendo de esta manera el artículo 10 de la ley de Educación Nacional. Esto es extremadamente grave porque fue la paritaria nacional la que permitió en los últimos años fijar el mínimo a cobrar por un docente que recién inicia sus actividades en nuestro país aún en las provincias más pobres. De esta manera el Estado Nacional busca desligarse de la responsabilidad que tiene en el sostenimiento de la educación pública en línea con las propuestas neoliberales que promueven desde los ‘90 la fragmentación del sistema educativo nacional. Tanto en Entre Ríos en los años 2014, 2015 y 2016, como en muchas otras jurisdicciones, quedó claro los acuerdos paritarios eran pisos que posibilitaban comenzar a discutir la recomposición salarial para el conjunto del escalafón docente y, en muchas provincias, avanzar con procesos progresivos de blanqueo del salario. De la misma manera consideramos extremadamente grave que el Gobernador de nuestra provincia Gustavo Bordet haya declarado públicamente su apoyo a esta medida del Presidente Mauricio Macri. La no existencia de paritaria nacional además esconde que en realidad la Nación sí ha fijado unilateralmente una pauta de recomposición en el orden del 18 % en cuatro tramos y exigimos a los gobernadores que no se subordinen a esa propuesta que es absolutamente inaceptable para los trabajadores.
Otro punto que preocupa es el incumplimiento de la paritaria del 2016 que estableció claramente que el mínimo a cobrar por un docente debe estar como mínimo un 20 % por encima del salario mínimo vital y móvil nacional. Esta paritaria se incumple desde enero ya que el mínimo vital y móvil es de $ 8.060 y un docente entrerriano que comienza sus actividades percibe $ 9.329.
Demandamos al Gobierno el cumplimiento del acuerdo paritario 2016 y la inmediata convocatoria a discusión salarial para el presente año teniendo en cuenta la pauta inflacionaria del 25 % anual que prevén las consultoras privadas y sindicales, más la necesidad de los trabajadores de la educación de recuperar el 10 % de poder adquisitivo perdido en el año 2016 debido a que la inflación se ubicó en el 43 – 45 % anual –como siempre seguimos en estos puntos los datos e informes de CIFRA-.
Dada la falta de voluntad política de los gobiernos nacional y provincial de dar respuesta a las justas demandas de los trabajadores, tanto docentes como de otros sectores, llamamos a la unidad del movimiento obrero para afrontar en conjunto una política salarial destinada a bajar el “costo” laboral en la argentina a favor de los sectores empresarios y del poder económico. Desde la CDC de AGMER estamos convencidos que para frenar la pérdida salarial que se proyecta y obtener una recomposición salarial real, no solamente necesitamos la unidad interna de nuestro sindicato, sino también la unidad en acción con otros sindicatos hermanos.
Recordamos que nuestra entidad ya ha resuelto el no inicio del ciclo lectivo 2016 en caso de no obtener respuestas, y en este escenario, con los datos a la vista no existe posibilidad de alcanzar acuerdos sino cambian sustancialmente las definiciones que en política salarial están tomando tanto el gobierno nacional como el provincial.
Este jueves 2 de febrero los gobernadores de las provincias argentinas se reunirán a los efectos de fijar una política salarial común, entendemos como clave la movilización convocada para ese día por la CTERA puesto que debemos demostrar al conjunto de gobernadores y al gobierno nacional la fortaleza docente en el reclamo salarial. Como AGMER estaremos presentes para llevar nuestra demanda ante los gobernadores y al Ministerio de Educación Nacional.
Finalmente y a los efectos de analizar en profundidad la situación es que convocamos a plenario de Secretarios Generales de la entidad para el día viernes 10 de febrero en la ciudad de Colón.
