El comunicado enviado a DIARIOJUNIO señala que “la compañera María Luz Piérola es una activa militante de los Derechos Humanos en la Región NEA, especialmente en Paraná y Resistencia. Sufrió cárcel y persecución durante el Proceso Militar y su hermano Fernando es uno de los detenidos y fusilado en Margarita Belén. En la actualidad es una de las iniciadoras de la Coordinadora de Derechos Humanos del NEA, que tiene como objetivo impulsar las causas judiciales contra los represores de esta región e investigar el destino de los compañeros detenidos-desaparecidos
El Plenario de Secretarios Generales de AGMER manifiesta su preocupación por cuanto éste no es un hecho aislado, sino que se suma a la serie de pintadas y amenazas, siempre anónimas y de clara tendencia fascista, que en el último tiempo han aparecido en nuestra ciudad, contra dirigentes políticos y sociales vinculados al avance de las distintas causas en que se investigan hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado.
Es claro que el objetivo de estas actitudes cobardes es instalar el miedo en toda la sociedad, ante la evidencia de que a 30 años del horror, muchas personas han podido saltar el muro de silencio impuesto a sangre y fuego, y comienzan a aportar datos y testimonios que permiten llevar adelante las investigaciones judiciales.
No podemos dejar de vincular este hecho con el preocupante contexto de amenazas e intimidaciones a los testigos de causas contra los genocidas y más aún con la desaparición forzada del compañero Jorge Julio López, que lleva casi dos meses desaparecido.
En ese sentido, seguimos exigiendo la aparición con vida de quien –con su valiente testimonio- permitió llegar a una condena histórica y ejemplar contra el genocida Miguel Etchecolatz, responsable de la Noche de los Lápices, de la tortura de Alfredo Bravo (fundador y ex secretario General de la CTERA), entre otras tantas atrocidades.
De la misma manera, exigimos a las autoridades locales y nacionales la investigación y esclarecimiento de todos los hechos de amenazas y ataques a testigos, militantes, jueces, periodistas, organismos de derechos humanos. Llegar a la verdad –ha quedado demostrado en nuestro país- será la única forma de desarticular la impunidad de quienes pretenden generar un clima de intimidación en contra de la persistente lucha de nuestro pueblo por la verdad, la justicia y la memoria.
REPUDIO A ACCIONES INTIMIDATORIAS
El plenario de Secretarios Generales de AGMER repudia las acciones intimidatorias llevadas adelante por autoridades del CGE y Direcciones Departamentales de Escuelas cuyo único objetivo es intimidar y enfrentar a los trabajadores de la educación.
Cabe aclarar que el PREGASE es un programa administrativo que se implementó en la provincia para parar la fuga de 2 millones de pesos que según denunció el anterior Presidente del CGE ocurría por fallas administrativas y contables.
De ninguna manera permitiremos que este programa se convierta en un instrumento político de presión y amenaza de ningún funcionario.
Por ello se exige:
– Que cese el intento de obligar a los equipos directivos a confeccionar el FU de aquellos docentes adheridos a medidas de fuerza sin la debida firma del docente, tal como lo establece el instructivo del programa, constituyéndose así en una gravísima falta que habilita al docentes afectado a iniciar acciones administrativas y/o legales contra quienes ordenan y aplican estas medidas.
EXIGENCIA DE DEROGACIÓN
El Plenario exige la Derogación de la Resolución 1265/92 que considera a los Directivos “funcionarios”, por entender que los mismos son docentes con carrera con funciones y responsabilidades específicas.
Ley de Discapacidad
En otro orden, el Plenario de Secretarios Generales de AGMER manifiesta su preocupación y rechazo a la “recomendación” que hiciera el Ejecutivo provincial a la Legislatura, en torno de no adherir a la Ley de Discapacidad, aduciendo razones presupuestarias.
Tal postura resulta discriminatoria, ofensiva y perjudicial para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y sigue el camino de la exclusión, ya que no adherir a una normativa en este sentido demuestra la ausencia de políticas públicas para el 10% de la población, que está conformada por personas con discapacidad.
