Los docentes nucleados en la Asociación de Docentes Privados de Entre Ríos, reconocieron estar muy conformes por la rápida respuesta gestionada por el ministro de Salud, Angel Giano, ante el mismo Superintendente de Seguros de Salud para resolver la situación en la que se vieron afectados mas de 11 mil entrerrianos, luego de que un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispusiera la desafiliación del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) sin aclarar a qué obras sociales debían afiliarse.
Durante una audiencia Giano, acompañado por el titular del Iosper, Silvio Moreyra, y los asesores letrados, arbitraron para continuar con la cobertura que brindaba la obra social a estos docentes por 60 días más a partir del 1 de julio, otorgando atención y cobertura sanitaria hasta tanto se encontrara la respuesta legal al tema.
Inmediatamente el ministro gestionó la reunión con el titular de la Superintendencia de Salud de la Nación, Ricardo Bellagio, donde junto al titular de la Asociación de Docentes Privados, Osvaldo Bodean, se planteó este tema, y se avanzó en la concreción de acciones para mejorar el sistema de salud entrerriano en lo que respecta al cobro a las obras sociales por los servicios que le prestan los hospitales a los trabajadores del sector privado.
En el dictamen la SSSN sostuvo que “se observa que la CSJN se limita a declarar la inconstitucionalidad del decreto que disponía la afiliacion al Iosper”, y ahora podrán optar entre las dos obras sociales de los docentes.
Así lo indicó el dictamen que lleva la firma del asesor legal de la Superintendencia, Manuel Martín Alvez, dando resolución a la situación generada a partir de la necesidad de incluir a los docentes de establecimientos escolares privados en una obra social, después del fallo dictado en febrero último por la Corte, que declaró inconstitucional el decreto Nº 4.427, emitido por la Provincia en 1972 y a través del cual se incorporó de modo masivo a todos los docentes privados a la obra social provincia. La sentencia se había dictado en el marco de una demanda entablada contra la Provincia por parte de Osdop en 2009.
