Silvano estuvo acompañada por otros docentes: Julio Perelstein, Rubén Bonelli, Germán Pontnau, Paulo Tisocco, entre otros. La docente sostuvo que “la educación de gestión privada es pública por cuanto tiene por objeto la administración de un bien de carácter público y social”.
Las reformas que plantearon apuntan, en primer término, al art. 97° que establece el procedimiento para nombrar personal docente, administrativo y auxiliar en las escuelas privadas donde se puede ir nombrar al personal sin necesidad de concursos. No obstante, explicó que en inciso e) del mismo artículo se plantea que se debe cumplir con la legislación laboral y educativa. “La legislación laboral se referiría al tema de los concursos”, indicó.
Además, la docente hizo referencia a que, dentro de los derechos establecidos en el artículo 106º, inciso d), se plantea que se debe ingresar y ascender en la carrera docente mediante un régimen de concursos que garantice la idoneidad y el respeto por las incumbencias profesionales. No obstante, el artículo 128º “dice que las obligaciones y derechos de los docentes establecidos en los artículos antecedentes (126º y 127º) serán extensivos a todos los docentes que se desempeñen en establecimientos de gestión privado”.
En consecuencia, indicó que la situación actual es injusta para los docentes de escuelas públicas. “Por un lado tienen que hacer carrera docente en las escuelas públicas y luego, al momento de concursar, aquellos que fueron nombrados a dedo se considera su antigüedad y todo siendo que no ingresaron por un concurso legal”.
Además de beneficiarse con el puntaje, los docentes privados también sacan rédito de la incompatibilidad que veda al resto. “Pueden tener hasta 72 horas de clase, o dos o tres cargos”, agregó.
Los senadores sostuvieron que no están de acuerdo con la existencia del “profesor-taxi”. Se trata de los docentes que tienen horas en diferentes establecimientos de nivel medio. “Me asombra que recién se den cuenta de eso cuando es una política implementada desde el inicio de la democracia, cuando comenzó la transformación curricular”, dijo Silvano.
En la reunión de esta mañana, la Asociación que nuclea a las privadas pidió que se mantenga el subsidio del 100 % de los costos de funcionamiento y además, que el estado aporte para arregle los edificios, pague los sueldos y mantenga el equipamiento escolar. “Yo digo que los padres tiene derecho a elegir el lugar educativo pero que haya un régimen concursal con los mínimos requisitos para que haya una mayor equidad”, indicó la docente.
