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El fallo señala que \»Las circunstancias que rodearon la muerte de dos niños de apenas 5 y 7 años, así como el procesamiento de su madre y posterior requerimiento de condena por parte del Ministerio Público Fiscal, fuerzan a formular especiales consideraciones acerca de elementos que no fueron tenidos en cuenta a lo largo del proceso y que determinaron una seria desprotección en el tratamiento que recibiera Andrea Soledad Zapata por parte del Poder Judicial”.
La doble acusación
La Fiscalía acusó otra vez a Andrea Zapata por no evitar el crimen de sus dos hijos de 5 y 7 años, a manos de su pareja. Pero el Superior Tribunal ratificó su inocencia por ser víctima de violencia y no recibir asistencia estatal.
Un caso que conmocionó tanto a Concordia como a la provincia de Entre Ríos, y tuvo repercusión nacional: Hugo de 5 años y su hermanito Rodrigo, de 7, murieron asesinados en su casa a manos de su padrastro. En 2013 fue el juicio que evidenció la perversión de Víctor Álvarez y los padecimientos de Andrea Soledad Zapata, la madre de los niños. El hombre fue condenado a prisión perpetua por el doble asesinato, y la madre, acusada por no evitar los crímenes de sus hijos, fue absuelta.
La Fiscalía recurrió en Casación ante el Superior Tribunal de Justicia, donde insistió en condenar a la mujer, y el defensor de Álvarez en absolver al hombre por inimputable. Pero el máximo tribunal de Entre Ríos confirmó la sentencia, afirmó que Zapata fue víctima de violencia de género y cuando pidió ayuda a los organismos del Estado no la recibió.
Según la investigación, en enero de 2012 Hugo murió por la brutal paliza que le dio su padrastro, quien lo enterró debajo de la cama y, con material que le hizo comprar a sus hijos biológicos que tuvo con otra mujer, ocultó el cuerpo con una carpeta de cemento. En febrero murió Rodrigo en el hospital por la misma causa que su hermanito, y recién entonces se descubrió el cuerpo de Hugo. Ambos presentaban signos de torturas.
“Horrorizado”
Según publicó el diario Uno de Paraná, en la audiencia de Casación que se hizo a mediados de este mes, el procurador general, Jorge García, manifestó: “El hecho es uno de los más espantosos que se puede recordar. La madre de los niños muertos también víctima y, no obstante eso, también es responsable por haber quebrantado su deber de cuidado y de obrar”.
García afirmó que “no hay duda de que la madre es autora, ya sea que ella misma golpee a los niños o que no evite que Álvarez les pegue, hay un quebranto institucional equivalente”. Y sostuvo que “se trata de un esquema terrorífico de violencia familiar, dentro del cual Álvarez y Zapata han dado un trato violento a los chicos”.
Para el procurador general, la madre “habría evitado -los crímenes- sin duda si durante el año que vivieron con Álvarez hubiera denunciado. Tuvo muchísimas oportunidades de ir y denunciar, más allá de los quebrantos de reglas de parte de los miembros del Copnaf que no la acompañaron y que, tal vez, se habría evitado la muerte del segundo de los chicos”.
Por esto, García pidió que se anule la absolución de Zapata, y se ordene una nueva sentencia. Y respecto del planteo del defensor del padrastro sobre la inimputabilidad, analizó las pruebas y lo rechazó. “Los ataques de Álvarez con un nunchaku, con solo ver la sentencia, los informes médicos -que dan cuenta del destrozo de la cara y el cráneo- y los testimonios, dejan horrorizado a quien lo hace”, dijo el procurador.
Una historia de abandonos
A su turno, el defensor general Maximiliano Benítez, en representación de la madre de los niños asesinados, dijo que “no se puede olvidar que Zapata fue una verdadera víctima del hecho, se probó en la causa las cicatrices y quemaduras que tenía”. En cuanto a la muerte de Hugo y Rodrigo, Benítez se refirió a ambas circunstancias y afirmó que en ninguno de los casos los pudo defender ni pudo evitar el resultado.
El defensor relató luego la historia de vida de la mujer: “Fue abandonada desde niña, es totalmente analfabeta, a los 8 años fue abusada, luego se juntó con el padre de Hugo, quien nació cuando ella tenía tan solo 13 años, a los 15 se separa. Su segunda pareja también la golpeaba y de allí se fue a vivir con Álvarez, quien había sido pareja de su madre”.
Además, afirmó: “El Estado la abandonó siempre, no la protegió, fue abandonada, golpeada y abusada sistemáticamente. En este contexto la mujer no pudo tener una conducta alternativa”. Por esto, Benítez concluyó que la sentencia absolutoria es justa.
