En la Argentina, mueren 40.000 personas al año de manera inesperada. El 80% de esos decesos se produce por una fibrilación ventricular (o trastorno del ritmo cardiaco), un cuadro que puede evitarse empleando un desfibrilador (para la reanimación); en tanto, el 20% restante de los casos se pueden resolver con el método de emergencia de compresión torácica. En consecuencia, la formación de las personas en técnicas de Reanimación Cardio–Pulmonar (RCP) y la presencia de un desfibrilador son aspectos claves en la vida de cientos de personas.
La promoción de la salud es lo que le garantiza a un Estado la concreción de pautas de vida basadas en la prevención de enfermedades que conducen a una muerte prematura y, muchas veces, evitable. Conscientes de esta máxima, diferentes grupos de profesionales médicos del país promovieron la sanción de la Ley Nº 27.159 legislando el Sistema de Prevención Integral de Eventos por Muerte Súbita en Espacios Públicos y Privados de Acceso Público. La norma fue sancionada el 1 de julio de este año y promulgada 23 días después. Ahora, cada provincia argentina deberá reglamentarla y aplicarla en su ámbito de competencia.
“Si tengo el equipo y gente entrenada en reanimación, cuanto con más chances de salvarle la vida a alguien que se descompensa sorpresivamente; y tener un desfibrilador es un muy buen paso”, sentenció Daniel Corsiglia, miembro de la Federación Argentina de Cardiología es instructor de RCP.
La muerte súbita se produce de manera inesperada y desde el punto de vista práctico un día antes de morir la persona tenía una vida normal. Lo interesante de esto es que varias de las causas que llevan a la muerte lo hacen a través de una arritmia totalmente caótica y el único tratamiento posible es parar el corazón y hacer un reseteo, y eso se logra utilizando un desfibrilador, que lo que hace es dar un shock eléctrico para que el corazón se pare y vuelva a funcionar de manera normal. Esta tarea se debe complementar con prácticas de reanimación que todo ciudadano debe manejar.
“Hoy la comunidad debe saber pedir ayuda y estar al tanto de cómo se hacen las compresiones hasta que llegue alguien con el desfibrilador para salvar la vida de la personas descompensada”, subrayó Corsiglia. “Todo esto debe estar enmarcado en un plan de respuesta por parte de las instituciones, es decir que en cada ámbito público y privado se sepa dónde está el aparato y las personas que allí trabajan deben saber qué hacer con la persona descompensada hasta que llegue el desfibrilador”, resumió.
El Ministerio de Educación anunció que desde el año que viene se darán cursos de reanimación cardiopulmonar en las secundarias de todo el país, en cumplimiento con la ley nacional Nº 26.827. Con ese plan, se capacitará a 1,3 millones de alumnos de los últimos años de la secundaria. También les enseñarán a realizar maniobras ante el atragantamiento y nociones sobre el uso del desfibrilador.
Uno de los impulsores del proyecto de ley, el senador radical Luis Naidenoff, explicó que “si se aplica RCP y desfibrilación dentro de los primeros tres minutos, las posibilidades de arribar con vida a un hospital se acercan al 60%”. En ese sentido, apuntó a que debe haber un cambio cultural en los espacios públicos y en los estadios para incorporar estas prácticas. Hasta ahora, ninguna ley nacional obligaba a las empresas y organismos del Estado a tener un desfibrilador. Tampoco a los gimnasios, donde el riesgo es mayor. Sin embargo, en los últimos años algunas grandes empresas comenzaron a instalar desfibriladores.
