El Instituto Provincial de Dispacapacidad decidió no adherir al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Entre los fundamentos expuestos por Cremer al Senado para que no se sancione la adhesión a esta norma nacional “se esgrimen razones económicas”. Para Sforza, la argumentación “desnuda la verdadera concepción política acerca de cómo deben ser las políticas públicas en materia social”.
La candidata de Concertación Entrerriana comparó políticas universales con asistencialismo. “En el primer caso, el eje de la acción política es el ciudadano concebido como sujeto de derechos; en el otro, la persona deviene en cliente, en rehén del funcionario de turno que, según su capricho, recibirá o no la ayuda económica.”.
Sforza recordó que la Asociación de Padres y Familiares de Personas Discapacitadas de la Costa del Uruguay ha tenido que dirigirse a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a la Comisión Nacional de la Discapacidad para denunciar que el gobierno de Entre Ríos no sólo no adhiere a la Ley Nacional sino que además ha quitado el carácter nacional del Certificado de Discapacidad que le otorga a los discapacitados una serie de beneficios.
Asimismo, la dirigente recordó que en el año 2004 la Defensoría del Pueblo de Paraná elevó a la Legislatura Provincial una recomendación sobre la conveniencia de adherir al régimen nacional sobre la base de los innumerables pedidos ante dicho organismo de ayuda por parte de personas discapacitadas sin cobertura social.
La recomendación dio origen a un proyecto de ley del diputado Eduardo Solari y a otras iniciativas similares. “Sin embargo y pese a todos estos pedidos, Entre Ríos aún no ha adherido a la norma nacional y ahora se suma esta denuncia de parte de la Asociación de la Costa del Uruguay”, señaló Sforza.
