La reunión estaba convocada para esta tarde y luego de varias alocuciones de dirigentes y afiliados, los presentes decidieron entregar un documento, previamente consensuado, al Gobierno de la Provincia.
En el texto manifiestan su más “enérgico repudio a la represión de los manifestantes y la indebida detención de dirigentes agropecuarios por parte de las fuerzas de seguridad estatales y la actuación en perjuicio de ciudadanos que ejercían su derecho de manifestarse por parte de pandillas civiles paraoficiales, en este caso con la más absoluta pasividad de quienes con guardianes del orden público. Estos hechos deben cesar de inmediato”, reclamaron.
En este sentido, indicaron que “lo que en principio fue un conflicto sectorial, .justificado por una medida inconsulta e inconstitucional, se ha transformado en una crisis profunda, que genera odios y fracturas en el cuerpo social, serios riesgos para la paz pública y severos perjuicios en el funcionamiento de la economía nacional”.
A su criterio, “esto ha ocurrido por la obstinación en no reconocer y en enmendar el error primitivo, a la que se han agregado actitudes soberbias, agravios y falsas imputaciones a quienes piensan distinto y parodias de diálogo, que encubrían el propósito de una supuesta victoria, como si los sectores del campo fueran un enemigo a vencer y no, como lo que en realidad son, un actor fundamental en la vida nacional”, continuaron.
Por todo lo anterior, el centenario partido manifestó que es “imperativo resolver de inmediato esta cuestión y abocarnos enseguida a la resolución de otros acuciantes problemas, tales como el deterioro de la calidad institucional, la inflación, la pobreza, el déficit energético y la pérdida de confianza de los actores económicos”.
“Todo ello no se resolverá con un autoritarismo intolerante y desconocedor de la realidad, sino con una auténtica disposición al diálogo y a la concertación, no sólo con el sector circunstancialmente en pugna sino con todas las expresiones políticas y sociales. Con pena debemos decir que nuestros intentos en tal sentido han encontrado una cerrada negativa por parte de las autoridades nacionales y provinciales.
Fiel a sus mejores tradiciones, la Unión Cívica Radical ratifica su compromiso con la vigencia de las instituciones de la República. Abogamos para que la indiscutida legitimidad democrática de origen de nuestros gobernantes no sea dañada por un ilegítimo y abusivo ejercicio del poder”, manifestaron.
Además, exhortaron a Urribarri y a los legisladores nacionales y provinciales, intendentes y concejales del Partido Justicialista “a rever su sumisión al poder central, indigna del legado de nuestros próceres entrerrianos, y ponerse al frente de los legítimos intereses de sus conciudadanos”.
