Según informara el diario Folha de San Pablo el equipo de investigadores, especializado en estafas, falsedad ideológica y lavado de dinero, trabajó en el caso desde agosto de 2007, y debido a la contundencia de los elementos probatorios recogidos, a fines de junio pasado se emitieron 54 pedidos de búsqueda y captura, de los cuales 45 son en Santa Catarina y 9 en San Pablo, además de 24 pedidos de prisión. Las personas involucradas serían parte de una organización que realizaba operaciones cambiarias ilegales, ocultaba bienes, rentas y movimientos financieros con el empleo de naranjas, además de operaciones comerciales simuladas, con uso de documentos falsos y fraudes en licitaciones. Además se habría determinado que el accionar delictivo llegaba al punto de corromper a funcionarios públicos de todas las esferas y niveles para alcanzar sus objetivos, principalmente en los Puertos de San Francisco do Sul y de Itajaí, mediante el pago de coimas.
Folha detalló que en el megaoperativo fueron capturados Jackson Corbari, delegado de la Hacienda Federal en Itajaí, y de Miguel Murad Varella, delegado jubilado de la Policia Federal y gerente de la Seguridad Portuaria de Itajaí. Otros dos funcionarios de la Prefectura de Itajaí también están detenidos: Normélio Weber, secretario de comunicaciones de Itajaí y Anderson Saldanha, asesor de comunicación del Puerto de Itajaí.
La misma suerte corrieron dos directores de Agrenco (compañía de servicios que actúa en los sectores de agronegocios y biocombustible), Francisco Ramos y Antônio Iafelice quienes estarían sospechados de infiltrar informaciones importantes sobre la empresa para que terceros se beneficien con la compra y venta de acciones en la bolsa. Ni bien trascendió lo que ocurría con la investigación y las detenciones las acciones de la firma llegaron a caer 46% en el Bovespa, por lo cual los negocios fueron suspendidos. La compañía según publica Folha se limitó a informar que no comentaría las capturas.
Agrenco llegó al país aprovechando el ritmo creciente de la producción de soja, y la enorme expectativa que generó respecto del desarrollo de actividades a partir de las industrias vinculadas a los biocombustibles. Esto llevó a impulsar la concreción de emprendimientos con millonarias inversiones para instalar 6 plantas de acopio, la mitad de ellas en Entre Ríos, en Villa Domínguez, Villaguay y Basavilbaso y una terminal portuaria sobre el Guazú por US$ 12 millones, proyecto que se vincula con la compañía brasileña ALL, concesionaria de la ex-líneas Urquiza y San Martín de ferrocarriles, que transporta los granos hasta dicha terminal. “Con este proyecto podremos doblar nuestra capacidad de transporte de granos en la región”, señaló en su momento Antonio Iafelice, directivo de la empresa con una facturación por más de US$ 1000 millones anuales.
En el escándalo están envueltos funcionarios jerárquicos de Cidasc (Compañía Integrada de Desarrollo Agrícola de Santa Catarina) sospechados de proveer documentos falsos o alterar declaraciones.
Las acciones de la organización tendría ramificaciones en Itajaí, Camboriu, Blumenau, San Francisco do Sul, Florianópolis, los Estados de Paraná, San Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, como también en Argentina, Holanda, Reino Unido, Malta, Itália, Noruega, Bermudas, Francia y Singapur, entre otros. Mantenía equipos profesionales y empresas en actividad para dar apariencia regular a sus actos criminales, además de invertir recursos de los investigados en negocios irregulares.
