La ley fue trabajada durante varias reuniones por las comisiones de Legislación General y la de Asuntos Constitucionales con las diferentes organizaciones sociales y asociaciones profesionales. En este plano, la ley posee como finalidad técnica “aceptar o desestimar la denuncia contra los funcionarios enjuiciables; suspender en el ejercicio de su cargo al funcionario imputado durante la sustanciación de la causa; y absolver o destituir al funcionario acusado, entre otros”.
Según el presidente de la Cámara Baja, la Ley de Jurado de Enjuiciamiento, “pone a la vanguardia a la Constitución entrerriana de otras constituciones”. En este caso, colabora con una serie de normas y herramientas que fueron dando forma a la Carta Magna como el Consejo de la Magistratura o la Ley de Comunas que en la próxima sesión se estará tratando.
Al cierre de la sesión, Busti, destacó que “es digno de rescatar que mientras en el orden nacional hay tanta pelea y disputas”, haciendo referencia a la Ley de Servicios Audiovisuales, dijo que en la Cámara de Diputados “tales tipos de normas alcanzan ese consenso casi inmediatamente a través de todos los bloques y sectores cuando tranquilamente se podrían aplicar las mayorías automáticamente”.
Por último, destacó la potestad que poseen las ONG’s y asociaciones de la sociedad civil de poder elegir dos de los cuatro abogados que integrarán el Jurado de Enjuiciamiento, para el juzgamiento de todos los funcionarios judiciales y públicos comprendidos en la ley. Sobre este aspecto Busti acotó que esto “viene a reflejar la esencia de una Constitución Provincial, signada por la mayor participación popular mediante el paso de una democracia participativa a una democracia representativa”.
Disidencia radical
No todo fue consensuado, tal como lo remarcó Busti. El titular de la bancada opositora, Marcelo López expresó las razones por las que el bloque votó en disidencia el artículo 3º. “En la práctica lo que sucederá es que los dos legisladores que integren el Jurado de Enjuiciamiento serán del partido de gobierno; nosotros quisimos lograr el mayor equilibrio posible en un espacio que debe ser independiente para limitar al máximo los posibles condicionamientos del poder de turno”, expresó.
Marcelo López sostuvo que aún con las disidencias les impidió votar el artículo 3º, el texto que hoy recibió media sanción así como el Consejo de la Magistratura es un gran avance para la institucionalidad entrerriana, “pues son institutos que pretenden generar condiciones para una mejor y más independiente justicia”. A excepción de este punto, todas las observaciones y modificaciones impulsadas por el bloque de la UCR se incorporaron a la redacción que hoy recibió media sanción en Diputados.
López expresó que lograron que el texto respete lo estipulado por la Constitución en cuanto a la referencia a las organizaciones sociales, y que se desestime la enunciación propuesta por el proyecto oficialista que incluía además profesionales y/o sindicatos. “En el debate en comisiones expusimos que este error de redacción incorporaba estamentos ajenos a la redacción constitucional desequilibrando la integración del cuerpo, lo que fue aceptado el pleno de las comisiones”, dijo.
El proyecto de ley que elaboró inicialmente la UCR contribuyó en distintos aspectos en la redacción definitiva del dictamen. En el texto con media sanción los fiscales adjuntos también son definidos como sujetos pasibles de enjuiciamiento. Los dos magistrados propuestos por el Colegio de Abogados serán elegidos por voto directo. Además quien lleve el registro de las organizaciones sociales no será el Superior Tribunal de Justicia, sino el Secretario de Justicia de la provincia.
Una de las modificaciones más significativas que incorporaron los radicales tiene que ver con la mayoría necesaria para tomar resoluciones, que debe cumplir el umbral de dos miembros sobre un total de tres, en el caso del Tribunal de Investigación Preparatoria; y cuatro miembros sobre seis para el Tribunal de Juicio; esta propuesta responde a la necesidad de que se construyan consensos y puedan arribarse a decisiones más sólidas.
Asimismo, promovieron que la ley incorpore otras modificaciones como la reducción de plazos para dar celeridad al trámite y el listado de nuevas causales de juicio, entre las que se cuenta el incumplimiento de la Ley de Ética Pública.
En consonancia con lo planteado por representantes del Superior Tribunal de Justicia en una de las reuniones mantenidas, se introdujeron cambios sustantivos que inciden en que el sistema de enjuiciamiento se transforme de inquisitorio en acusatorio para acortar las posibilidades de declaración de nulidad del proceso por prejuzgamiento.
