En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que «es inconcebible que los organismos encargados de obtener esta información no la pongan a disposición de la ciudadanía. Disponer de información estadística sobre indicadores sociales confiable y actualizada es un requisito fundamental para la planificación y gestión de las políticas públicas, tanto a nivel municipal como provincial y nacional, pero también es un derecho de los ciudadanos conocer esta información que el Estado todavía retacea sin razones valederas».
Consultado al respecto, Artusi indicó que «es sugestivo que cuando hasta consultoras que trabajan para el gobierno reconocen un aumento en la incidencia de la pobreza y de la indigencia como consecuencia de la inflación, el INDEC demore la difusión de estos datos, que corroborarían que la tan mencionada «redistribución de la riqueza» con la que la Presidenta gusta adornar sus discursos no es más que eso, retórica vacía, pura cháchara».
En tal sentido, el legislador radical mencionó que según un informe de la consultora de Artemio López, ahora, en promedio, los hogares pobres pueden comprar apenas el 43% de los bienes y servicios que se necesitan para superar la línea de pobreza. En plena crisis de 2002 esa relación era del 47%. El estudio asegura que la brecha de pobreza es récord y que «al menos para un cuarto de la población nacional sus chances de superar la línea de pobreza están hoy empeoradas respecto incluso a las que tenían en medio del piso de la peor crisis socioeconómica en mayo de 2002».
