El proyecto apunta a que las declaraciones juradas “se presentarán firmadas en original ante la autoridad que la ley indica y tendrán carácter público. Ninguna reglamentación de la presente norma puede convertir las declaraciones patrimoniales juradas de los funcionarios en secretas”.
Asimismo se indica que las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios “serán iniciadas por iniciativa de cualquier particular con interés simple y exclusivamente por ante los estrados judiciales”.
El proyecto también refiere a que toda persona legalmente capaz podrá interponer, ante el Poder Judicial denuncias sobre enriquecimiento ilícito de los integrantes de los poderes, funcionarios o empleados comprendidos en esta Ley, fundada en cualquier tipo de delito que fuera cometido directa o indirectamente con el fin del enriquecimiento ilegal.
Finalmente otro de los puntos salientes del texto presentado por los diputados de la Unión Cívica Radical, establece que a partir de la vigencia de la nueva norma de ser aprobada,”antes de cumplirse los 60 días, el gobernador y vicegobernador, ministros, secretarios, los legisladores y todos los directivos superiores de las empresas del Estado y de las empresas descentralizadas y aquellos directivos de empresas en las que el Estado Provincial sea parte, deberán publicar en la página web de sus respectivas dependencias sus declaraciones juradas a 2013, debiendo actualizarlas, en enero de cada año”. En caso de incumplimiento, quedará habilitada la acción de amparo para reclamar por vía judicial la publicación”, señala el proyecto.
Entre los fundamentos se destaca la necesidad de que “los funcionarios de los tres poderes del Estado sirven exclusivamente a los intereses del pueblo y deben observar, en el ejercicio de sus funciones, una conducta acorde con la ética pública, la que constituyen un valor social que hace a la esencia del sistema republicano”, expresaron los legisladores radicales al fundamentar su iniciativa.
Federik cuenta con el acompañamiento de sus pares, Felicitas Rodríguez, Jorge Monge, Pedro Ullúa y Antonio Rubio. “En tal sentido, es necesario concretar en acciones materiales el reclamo de propiedad, rectitud, prudencia, justicia, equidad, eficiencia y transparencia de los actos públicos”.
