Los diputados radicales se comprometieron a realizar acciones tendientes a la solución del problema, ya que se tuvo en cuenta no solo el reclamo del sector laboral, sino fundamentalmente que la prestación del propio servicio público hacia la comunidad se ha visto resentida a causa de este conflicto.
Se recordó que este servicio público de manera monopólica se encuentra en manos de una empresa privada.
Los empleados de la compañía desde hace más de un mes están de paro ya que la empresa se niega a rubricar el acta acuerdo al que llegó con los trabajadores en el Ministerio de Trabajo de la provincia para otorgar recomposición salarial y mejores condiciones laborales, despidió a seis trabajadores y se resiste a acatar la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Incluso la empresa presentó una denuncia penal el 2 de julio por la que se acusa a los trabajadores de impedir la normal prestación del servicio y el juez de Instrucción, Humberto Oscar Franchi, que tomó la causa comenzó a indagar a los empleados de la compañía.
