En este escenario de crisis internacional, de profunda relación de dependencia de esta provincia con la Nación y de las numerosas intentonas que hubo desde los ’90 para homologar la Ley 8732/93 que tutela la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos a la Ley Nacional 24241, “la ‘armonización’ de la Caja de Jubilaciones de los entrerrianos aparece como una entrega encubierta del sistema previsional a la Nación”, alertan los legisladores radicales.
En primer lugar los legisladores quieren saber si el convenio fue ratificado por la Provincia de Entre Ríos conforme se establece en la cláusula séptima del mismo, y en su caso cuál fue el procedimiento legal”.
“Con el convenio no haría falta ninguna transferencia de la Caja de Jubilaciones a la Nación y la nuestra se convertiría en una mero agente pagador”, indicaron en otro párrafo.
En Entre Ríos la ley que rige la Caja de Jubilaciones “es de avanzada en el reconocimiento de los derechos previsionales de los trabajadores y se basa en el principio de solidaridad generacional”. Por ello, los legisladores se preguntan si permitir a ANSES tener una conexión directa con la Caja Provincial, a los efectos de lograr información sobre el padrón de beneficiarios provinciales, titulares de la obra social provincial y del grupo familiar, padrón de activos, padrón del movimiento del Registro Civil, padrón de la población escolarizada, entre otros, “no implica vulnerar la autarquía -con jerarquía constitucional- de la Caja de Jubilaciones y ceder la autonomía de la provincia, afectando el federalismo”, manifiestan los diputados.
Finalmente, los legisladores requirieron información sobre “si desde la firma de ese convenio, la Nación hizo alguna contribución al financiamiento de los $150.000.000 prometidos” y “si parte de los $150.000.000 prometidos serán destinados a pagar el cumplimiento de sentencias judiciales firmes de reajustes haberes provisionales”.
