En un pedido de informe que fue presentado en la Cámara de diputados, requirieron saber, entre otros puntos, “si es verdad que el acuerdo celebrado somete la jurisdicción y la ley aplicable al derecho y los tribunales ingleses”, y cuáles son las razones que esgrime el gobierno provincial para mantener el Contrato de Obra Pública para la ejecución de las obras “Acueducto del Norte Entrerriano-La Paz-Estacas” y “Sistematización y Distribución de Agua para riego-Mandisoví Chico”, bajo condiciones de “confidencialidad y secretismo”.
En la iniciativa, los diputados, Antonio Julián Rubio, Agustín Federik, Felicitas Rodríguez, Fuady Sosa, Jorge Monge y Pedro Ullúa, también preguntan "si existe expediente administrativo que haya evaluado el impacto ambiental de las mega-obras, cuya ejecución se autoriza en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y con media sanción del Senado".
Asimismo quieren saber "cuál ha o han sido el o los entes que se han encargado de dictaminar técnicamente sobre la viabilidad de la obra, la evaluación del impacto ambiental y las proyecciones de recupero de los millones invertidos", y “si es cierto que los acueductos en cuestión recibirán el financiamiento de agencias estatales chinas y, en su caso, cuáles son esas agencias y cuál es el plazo de devolución y el interés que se aplicará sobre el monto del préstamo de 430.387.551 de dólares”.
Finalmente interrogan “si los convenios en cuestión fueron supervisados y controlados por la Fiscalía de Estado o –en su caso- si dicho órgano de control autónomo ha tenido intervención en el proceso y, en su caso, cuál ha sido su dictamen acerca del contenido, constitucionalidad y legalidad de las operaciones a efectuarse para la concreción de las obras”.
OTRAS INSTITUCIONES…
Asimismo, los Centros de Estudios, Asociación Civil “PARANÁ, Ciudad Inteligente”, CEMUPRO (Centro de Estudios Municipales y Provinciales de Entre Ríos), Centro de Estudios “Germán A. Lallemant”, I-Gen (Instituto de Estudios para una Nueva Generación de Paraná), FUNDER (Fundación para el Desarrollo de Entre Ríos Gobernador Raúl Lucio Uranga) y Fundación “PENSAR Entre Ríos”, en relación a la trascendencia de una decisión del Poder Ejecutivo que consideramos negativa para los intereses de la provincia. Plantean…
1.- Se persigue utilizar el sistema de contratación directa para una obra pública estimada en u$s 430.387.551,00 con más sus intereses necesarios para su financiaciónomitiendo -dado la magnitud de su valor- el proceso licitatorio que establece la Ley de Obra Pública.
2.- Al no ser de conocimiento público, nada asegura que la ley, además, podría estar autorizando condiciones para satisfacción de intereses particulares ajenos al interés general.
Que, al soslayar la licitación, no se conocerá el verdadero costo de esta obra, con anterioridad proyectada y valuada por el Ministro de la Producción en solo u$s 92.000.000,00.
3.- No consta que se haya realizado estudio de impacto ambiental previo y la audiencia pública que disponen las Leyes aplicables. Se transgreden así los principios de precaución y prevención que impone la Constitución.
4.- El Convenio Marco bajo el cual se celebra el desconocido contrato que nos ocupa fue acordado entre la Nación y la República China.
