Diputados postergó el pedido de juicio político al Vocal del STJ, Chiara Díaz

Sobre el pedido

Los demandantes, como informó en su momento Recintonet, piden que se dé inicio al “procedimiento de remoción del juez denunciado”, “ordenando su suspensión” y “oportunamente acuse ante el Honorable Senado” al magistrado, “para que oportunamente se haga lugar a su destitución”.

La presentación realizada ante la Cámara Baja, explican los denunciantes, tiene como origen una denuncia por cuota alimentaria por parte de una mujer ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 25 a cargo de Lucas Aún, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el extenso texto, los dirigentes peronistas piden que “se abstengan de intervenir y voluntariamente se excusen, todos los señores diputados que tengan causas penales en trámite de investigación, en cualquier etapa del proceso y sea cual fuere el grado de participación, estén o no amparados por fueros constitucionales, siempre que se trate de crímenes comunes, y que estén “indicados”, en cualquier sumario o proceso penal, salvo que haya actuado según las previsiones del art 39 de la Constitución Provincial”.

Respecto de la legitimación activa, los denunciantes se calificaron como “personas o particulares con activa participación política, somos lo que se dice `militantes políticos´. Además de ello y secundariamente hemos sido honrados por cargos partidarios y cargos institucionales, tanto en el ámbito nacional como provincial, y cargos políticos en esferas del poder ejecutivo y legislativo. Sin embargo solo nuestra calidad de ciudadanos, de `particulares´ nos habilita al efecto. En nuestra ayuda acude lo establecido en la mencionada norma del art. 138 de nuestra carta magna y en consideraciones que algunos de nuestros más sabios juristas han sabido expresar”.

Luego detallan el recorrido judicial del vocal Chiara Díaz, y realizan acusaciones sobre la “conducta” del magistrado entrerriano, así como la presunta desviación de viáticos y de fondos reservados “con el pretexto de dictar clases o seminarios”. También hacen apreciaciones sobre el patrimonio del integrante del alto tribunal provincial.

“No queda duda alguna, que la actuación del encartado Chiara Diaz, ha incurrido en una falta ética, moral y cuasi delictual que corresponde encuadrarla como “mal desempeño” y “perdida de la buena conducta””, concluyen los demandantes cerca del final de la presentación ingresada en la Cámara Baja, en la que también detallan las documentales obrantes; peticionan sobre distintos informes a requerir al STJ así como a organismos recaudadores, Municipalidad de Paraná y Registro de la Propiedad; y requieren distintas testimoniales.

De acuerdo a la Constitución provincial en su artículo 141, sobre el trámite de Juicio Político, “presentada la denuncia, pasará sin más trámite a la Comisión de Investigación, que nombrará la Cámara de Diputados en su primera sesión ordinaria, no pudiendo facultar al presidente para que la nombre. Dicha comisión tendrá por objeto investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación, teniendo para ese efecto las más amplias facultades”. De acuerdo al artículo 42 del reglamento de la Cámara Baja, a la Comisión de Asuntos Constitucionales “le corresponde dictaminar sobre todo proyecto de carácter constitucional, sobre tratados y negocios interprovinciales, sobre reformas a los Códigos y Leyes Orgánicas de la Provincia, sobre Legislación Electoral y, en calidad de comisión de investigación, las facultades que le acuerdan los Arts. 141, 142, 143 y 144 de la Constitución de la Provincia”. Estos últimos, los que versan sobre el juicio político.

El viernes pasado, en una nueva reunión del Frente de Agrupaciones Peronistas se evaluó el pedido de juicio político que realizaron referentes de este espacio del PJ al vocal del Superior Tribunal de Justicia. En ese sentido, desde el Frente advirtieron “la responsabilidad penal de Sergio Urribarri por no imprimirle al mismo el trámite correspondiente”. En el mismo orden, avanzaron en “la preparación de presentaciones similares contra (la presidenta del STJ) Claudia Misawak y (el procurador general) Jorge García.

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