La iniciativa lleva la firma de los diputados nacionales Blanca Osuna, Rosario Romero, José Lauritto, Raúl Solanas, Carlos Daud y Sergio Varisco, y de legisladores de otras provincias. Tal el caso de Rafael Bielsa y Juliana Marino (ciudad de Buenos Aires); José Mongeló y Gladys Soto (Chaco); Hugo Perié y Araceli Mendez de Ferreira (Corrientes); Oscar Massei (Neuquén); Julio Arriaga (Río Negro); y Alberto Cantero (Córdoba).
De esta manera, los legisladores buscan el consenso de sus pares en la Cámara de Diputados para acompañar esta decisión del Gobierno entrerriano de solicitar a la Cancillería que presente una nueva cautelar ante La Haya, dejando en claro en el proyecto de declaración que “lo que el máximo tribunal consideró que no se había realizado en la presentación de mayo de 2006 (en la cautelar anterior), es lo que está sucediendo en la actualidad ante la inminencia de la puesta en marcha de la planta de la empresa Botnia”. Es decir que, hay derechos argentinos evidentes e indiscutibles que están en riesgo actual o inminente de ser irreversiblemente vulnerados.
Cabe recordar que hace pocos días se anunció que el Gobierno provincial, acompañado por legisladores nacionales y provinciales y la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, solicitará formalmente a la Cancillería que elabore una nueva medida cautelar para presentar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, instando a que se ordene detener la producción de la pastera Botnia en virtud de que la planta van a entrar en funcionamiento antes de que haya sentencia del máximo tribunal por la cuestión de fondo entre la Argentina y la República Oriental del Uruguay.
En ese marco, los legisladores nacionales adelantaron que iban a trabajar para generar el consenso de los diputados y senadores del Congreso, no sin antes estimar que – seguramente – la decisión contará con el mismo acompañamiento que las acciones anteriores.
Por ello, en los fundamentos planteados, se hace referencia a la lucha del pueblo entrerriano y de su Gobierno, acompañada en todo momento por el Gobierno nacional y el país entero, y a la movilización de la sociedad y de sus organizaciones civiles. Dicho esto, el proyecto pone de relieve que “se han llevado a cabo acciones de gobierno en todas las instancias internacionales para lograr el objetivo de impedir que la actividad de las pasteras provoque grados inaceptables de polución del río y del ambiente en general, degradando de esa manera de forma irreversible la calidad de vida de los habitantes de la zona”.
Las acciones de los Gobiernos nacional y provincial
Luego de recordar que desde fines de 2003, la República Oriental del Uruguay violó el derecho internacional en tres oportunidades, afectando los derechos e intereses de la Nación Argentina, y poniendo adicionalmente en riesgo el bienestar y la salud de una parte de su población, los diputados recordaron que se realizaron presentaciones ante diversos organismos internacionales. En ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Ombudsman y asesora en cumplimiento de la Corporación Financiera Internacional y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, Meg Taylor.
Además, se recordó que el Estado Argentino recurrió a la Corte Internacional de Justicia, en la primera instancia de un reclamo de un país latinoamericano en contra de otro en un tribunal internacional por una causa ambiental. A este alto tribunal se le solicitó además la indicación de medidas provisionales el 4 de mayo de 2006. Luego de los alegatos orales del 9 de junio la Corte se expidió el 13 de julio no haciendo lugar a las medidas solicitadas.
“Sin embargo, teniendo en cuenta la posición de las partes y los considerando del fallo de la Corte, es posible afirmar que el alto tribunal no “ha rechazado” el pedido argentino en su totalidad ni que Argentina ha sido vencida en esta instancia”, se sostiene en el escrito.
En lo que se refiere a las primeras medidas provisionales solicitadas – esto es, la suspensión de las autorizaciones para la construcción de las pasteras – para obtener las mismas Argentina debería haber aportado pruebas de la necesidad de adoptar medidas cautelares para asegurar que derechos suyos, prima facie evidentes e indiscutibles, se hallaban en riesgo actual o inminente de ser irreversible e irreparablemente vulnerados.
“Esto, que el tribunal consideró que no se había realizado en la presentación de mayo de 2006, es lo que está sucediendo en la actualidad ante la inminencia de la puesta en marcha de la planta de la empresa Botnia”, se consignó.
Por este motivo, “consideramos que ha llegado el momento de reiterar el pedido de medidas conservatorias que ordenen la paralización de la puesta en marcha de la planta de la empresa Botnia, hasta tanto la Corte Internacional de Justicia no se expida sobre el fondo del asunto”, señalaron los diputados finalmente.
