“Tenemos todo el derecho a sospechar que el uso de la información por parte del jefe de Gabinete será ilegal, en violación a la ley 25.236 de protección de datos personales”, advirtieron los legisladores, y acusaron a Peña de pretender “utilizar los datos para hacer propaganda política, campañas de desprestigio y operaciones de manipulación de la opinión pública”.
Además, señalaron que aún si la declarada finalidad de “mantener informada a la población” fuera cierta, el área de gestión de Peña no cuenta con los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para tratar ese enorme banco de datos personales. “O generan un ingreso masivo de miles de nuevos trabajadores a la Secretaría, o contratan distintas consultoras para que realicen la tarea. No parece muy difícil conocer la respuesta: los datos personales de todos los argentinos que ANSES remitirá periódicamente al licenciado Peña y su equipo terminará en las manos de empresas privadas”, aseguraron.
La denuncia recayó en el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, y será investigada por el fiscal Guillermo Marijuan.