A su vez los legisladores piden saber de los condenados «cuantos se encuentran con pena de prisión efectiva, cuantos gozan de salidas sociolaborales y cuantos de los que han salido han recaído nuevamente en el delito».
Por su parte el diputado Raúl Solanas presentó un proyecto que ya tiene despacho de comisión favorable, por el cual las armas por disposición judicial deben ser decomisadas (destruidas), lo sean en audiencias públicas o las que puedan asistir los medios de prensa y la ciudadanía en general, para que todos puedan dar fe y certificar que las mismas no vuelvan a la calle en manos de delincuentes.
Además, el legislador Enrique Cresto consensuó un proyecto con el jefe de policía, Comisario Ernesto Geuna, por el cual se modifican las normas necesarias para que cualquier policía sospechado de cometer un acto de corrupción en complicidad con delincuentes sea separado inmediatamente de su cargo desde el momento mismo de la imputación y el juez de la causa deberá resolver automáticamente y comunicárselo al jefe de policía. «Es una buena herramienta que le dará celeridad a estos trámites», fueron las palabras de Geuna según comentó el legislador.
