El proyecto había sido impulsado por el diputado entrerriano Raúl Barrandeguy (Frente para la Victoria) en septiembre de 2010, aunque con las adhesiones de Antonio Alizegui (Frente para la Victoria), Atilio Benedetti (UCR), Jorge Chemes (UCR), Lisandro Viale (Partido Socialista), Gustavo Zavallo (Peronismo Federal) y otros tres legisladores.
Al fundamentar la iniciativa Barrandeguy trazó todo el derrotero de la Uader, desde su creación en el año 2000 con la transferencia y reconversión de las unidades académicas de enseñanza terciaria del Consejo General de Educación, hasta que en 2009 el Ministerio de Educación de la Nación consideró finalizado el proceso de seguimiento respecto al plan de reconversión académica e institucional.
El funcionamiento de la Uader se atiende con recursos del presupuesto provincial, aunque la casa de estudios recibe también algunos aportes de programas especiales implementados por el gobierno central; mientras que las universidades nacionales, además de los ingresos que les destina el presupuesto, reciben determinados recursos extrapresupuestarios provenientes de otro tipo de programas.
El artículo 2º del proyecto de ley considera que estos recursos son “todos los que por cuenta de programas especiales o en concepto de aportes de entidades internacionales se distribuyen anualmente por el Estado Nacional entre las universidades nacionales”. A ellos la universidad provincial no podía acceder, salvo por cantidades exiguas, como sí lo hacía, por ejemplo, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
De todas maneras, el proyecto al que se dio media sanción en la última sesión de la Cámara de Diputados deja en claro que no se pretende “obtener para la Uader financiamiento con cargo a las partidas de recursos del presupuesto nacional”, sino que se busca su “equiparación” respecto a la distribución de un conjunto de recursos que por vía de programas especiales o de aportes de entidades internacionales reciben el resto de las universidades nacionales.
De hecho, Barrandeguy remarcó que la autonomía de la universidad entrerriana está “garantizada por la Constitución provincial y que además la misma es pública, gratuita, laica y democrática”.
En ese sentido, cabe un paréntesis, para mencionar que en 2008 la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) sugirió finalizar el proceso de reconversión luego de analizar todos los informes de avance que daban cuenta de la marcha institucional y los reglamentos a concursos ordinarios aprobados por el Consejo Superior Provisorio de la Uader y el correspondiente a cargos y dedicaciones docentes.
