En el Senado, la iniciativa que prorroga los efectos de la ley 26.160 fue aprobada por unanimidad el 27 de septiembre pasado, pese a los intentos previos del oficialismo por acotar el plazo de extensión a dos años. La normativa fue sancionada en 2006 y estableció la suspensión por cuatro años de los desalojos, hasta que se terminara el relevamiento catastral de las tierras que históricamente ocupan los pueblos originarios, pero esa tarea nunca culminó.
Ante esa demora, los efectos de la norma fueron prorrogados por cuatro años más en dos oportunidades y vencían el 23 de noviembre próximo, lo que obligó al Congreso a fijar una nueva extensión del plazo en medio del escándalo por la desaparición del joven Santiago Maldonado tras participar de una protesta sobre la ruta 40 de la comunidad Pu Lof en Chubut.
Según un informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), hay 1.532 comunidades identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el relevamiento completado. La diputada del Movimiento Evita Lucila De Ponti recordó el reconocimiento constitucional de la "preexistencia" ancestral de los pueblos originarias y su derecho a la propiedad comunitaria y, en línea con lo expresado por los referentes indígenas, reclamó que "se defina la fecha en que se va a dar sanción (definitiva) a la ley".
El presidente de la comisión de Legislación Penal, Daniel Lipovetsky, aclaró a los presentes que no depende de él la resolución de la fecha, aunque prometió que se logrará la sanción "antes del vencimiento de la prórroga".
"A esta ley se le va a dar sanción antes de que se venza la prórroga. Ahora, las sesiones no las convoca el presidente de ninguna de las comisiones. Queremos que esta ley se sancione lo antes posible para que esté vigente antes del vencimiento de la prórroga", explicó.
Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular) sostuvo que la nueva prórroga es "fruto de la lucha" de las organizaciones aborígenes y no el resultado de una actitud comprensiva de las actuales autoridades del Gobierno nacional. "Desde noviembre del 2016 se ha frenado el tratamiento a pesar de que había un dictamen de la comisión de Población y Desarrollo Humano. También se trató por todos los medios de reducir los plazos a dos años", señaló, en referencia al intento frustrado del bloque de Cambiemos en la Cámara de senadores de acotar los tiempos de la prórroga.
El diputado del Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, recordó que "esta ley que votada hace 11 años y no se cumple" y puso como ejemplo que tan sólo se lleva relevado el 30 por ciento de las comunidades indígenas.
