El gobernador Jorge Busti dio el paso hacia la privatización del juego en Entre Ríos, mediante el decreto número 5369, que permite la tercerización de las salas de juego. Esta era una de las medidas pendientes en cuanto a los compromisos asumidos con empresarios privados y fue anunciada en reiteradas ocasiones por el titular del IAFAS, Blas García. La normativa reglamenta el artículo tercero de la Ley Nº 5,144 (referida a la creación del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social y conocida como la Ley de Juegos) en la que habilita a terceros a participar de proyectos integrales de emprendimientos turísticos, pero siempre con la participación del IAFAS. Allí se indica claramente que el organismo “tendrá a su único y exclusivo cargo la explotación de la Lotería, Casinos, Tómbolas y demás juegos de azar que el Poder Ejecutivo resuelva autorizar y oficializar en el ámbito de la provincia de conformidad con el régimen que el mismo establece”.
El texto del decreto recientemente emitido, el 5.369, que reglamenta esa ley, indica en su artículo 1º que “la explotación y administración” de los juegos de azar puede realizarse a través del IAFAS “de manera directa o conjuntamente con terceros concesionados para proyectos integrales de emprendimientos turísticos”.
“Aunque no esté expresamente indicado en el decreto, la norma parece haber sido redactada a medida del hotel que se inauguró en Victoria, y que de ahora en más tendrá la posibilidad de anexarle una sala de juegos”, señalaron los diputados del Nuevo Espacio, integrado por Juan Domingo Zacarías, Beatriz Montaldo, Antonio Mainez y Oscar Grilli.
Casino de Victoria
En los últimos días, el titular del IAFAS dijo que la decisión de concesionar las maquinas tragamonedas en el casino de Victoria, no se hará extensivo a los demás casinos de la provincia. “Creemos que hay que darle competencia al privado, porque no estamos en condiciones de competir con ellos”, resaltó en referencia al caso específico de esa localidad, al tiempo que informó que la concesión se hará mediante una licitación pública, según recuerda la agencia APF.
En ese sentido, especificó que “en el caso de Victoria, se acordó con los dirigentes de ATE, que no se iba a concesionar la parte de juegos tradicionales –ruleta y carteado- y sí las maquinas tragamonedas”. “En ningún momento planteamos que todos los juegos de paño en los demás casinos de la provincia sean privatizados”, aseguró, al tiempo que acotó que “las decisiones son políticas y no técnicas”. A su vez, confirmó que la concesión se hará mediante una licitación pública.
Pero el mismo funcionario reconoció que el decreto deja la puerta abierta para que la medida se extienda a toda la provincia, al decir que “el decreto que firmó el gobernador de la provincia, dispone cuestiones generales, pero en este tema, el IAFAS dispone esta situación para el casino de Victoria”, según los legisladores opositores.
El primer paso
“Justamente las presiones ejercidas por los empresarios que realizaron la construcción del hotel Sol en Victoria, que habían acordado que construían si Busti les daba el casino, decidió al Gobernador tratar de encontrar la forma jurídica de privatizar el juego en Victoria sin sacudir el avispero o sin transgredir la norma provincial”, indica el informe. “En consecuencia, el decreto da el primer paso hacia la explotación en manos privadas del juego de azar, implica el riesgo laboral para los empleados de las salas, a la vez que instala una competencia desleal para el Estado por parte de los privados por autorización del mismo gobierno, poniendo en riesgo el patrimonio de los entrerrianos”, se añade luego.
Para analizar los elementos que fundan la decisión del gobierno de Busti de avanzar en la privatización total del juego en la Provincia de Entre Ríos, “se tomó como base el Expediente Administrativo Grabado Nº 502300 que iniciara el Delegado del Poder Ejecutivo Blas García, respecto de la posibilidad de concesionar la explotación del juego por parte del IAFAS. En tal sentido, la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, insiste en sostener que “cuando la Ley alude a que el IAFAS tiene a su cargo la explotación exclusiva y excluyente quiere decir que no puede delegar el control o poder de policía”, pero sí la actividad para el cumplimiento de sus objetivos que puede ser otorgada a terceros a través de “cualquier tipo de operación destinada al logro de los objetivos referidos”. Según los diputados del Nuevo Espacio, «este disparate de confundir exclusividad estatal en la explotación y administración de las salas de juego es equivalente al contralor estatal de los que los terceros concesionarios hagan con la explotación y administración de aquéllas, es insostenible”.
“Hacer decir a la ley lo que la ley no dice”
Luego, el informe sostiene: “El IAFAS fue creado para brindar apoyo financiero a los planes de acción y seguridad social para lo cual tiene a su único y exclusivo cargo la explotación y administración de los juegos de azar. Por lo tanto, su carácter comercial no lo habilita de manera alguna a celebrar cualquier tipo de contratos y operación que altere la forma en la que debe lograr sus objetivos”.
“Hacer decir a la ley lo que la ley no dice. Ésa es la consigna de todos y cada uno de los funcionarios que participan en la formación del Expediente analizado. Porque a nadie escapa que la concesión a terceros de la explotación de un servicio público o contrato hoy a cargo del Estado es ni más ni menos que su privatización al mejor estilo de las empresas distribuidoras de la energía o del gas que están también sometidas al control estatal y así nos va”, explicaron.
Para el Nuevo Espacio, “esta suerte de travestismo jurídico para disfrazar un contenido que la Ley del IAFAS debe ser denunciado, para no ser cómplices no sólo de la violación de aquella norma legal, sino por la transferencia de importantes recursos a sectores privados de dudoso origen, que han sido señalados como cercanos al lavado de dinero y tráfico de drogas”, finaliza el informe.
