Los legisladores de la Concertación Nuevo Espacio Entrerriano remitieron al ministro de Economía, Diego Valiero, y a la comisión parlamentaria una serie de observaciones sobre el borrador del contrato de agente financiero que el Gobierno se dispone a suscribir con el Nuevo Bersa entendiendo que se incurre en una serie de medidas que resultan lesivas a los intereses de la Provincia y que además, nada se expresa respecto del destino de los trabajadores. Remarcaron que, incluso, algunos aspectos contenidos en el escrito no reflejan lo discutido en la entrevista que mantuvieran en su momento con las autoridades de la institución crediticia.
El Nuevo Espacio critica que el borrador del contrato no tenga un canon fijo, sino que al contrario disponga que la retribución para el agente financiero se calculará por un “mecanismo móvil” que convierte al banco en una rara especie de socio de los ingresos públicos que obtenga la Provincia, sea por vía directa o indirecta. En cambio, propone que se pague por el costo de prestar los servicios ordinarios, más una ganancia “razonable”.
El convenio del 13 de noviembre de 2001, actualmente vigente, “siguió el temperamento correcto de una retribución fija en base a un canon” por lo que la propuesta del oficialismo se presenta como un “retroceso”.
Cita la Concertación que de eso se conversó en la reunión que mantuvieron con Enrique Eskenazi y se mostraron sorprendidos de que “en el proyecto de convenio” el criterio haya sido modificada.
EMPLEO. Con referencia a la cláusula sexta, que hacen a las obligaciones del agente financiero, se agrega un apartado específico en resguardo de la fuente de trabajo de los actuales empleados del Nuevo Bersa, imponiendo la obligación al agente financiero de respetar la situación preexistente, salvo bajas naturales por jubilación, invalidez o muerte del empleado, además de mantener la actual estructura de bocas de atención al público.
En el mismo sentido, para los legisladores opositores debiera ser la Cámara de Diputados la que designe al representante de la Provincia en el directorio del banco, bajo el único requisito de acogerse a las normas que impone el Banco Central.
También se entiende que debiera ser de seis años (lo que queda de esta gestión el período que viene) y no de 15 la vigencia del contrato. Y proponen que quede sin validez la posibilidad de una disminución progresiva de la garantía, por tratarse de un reaseguro de que el contrato será cumplido. Además, sugieren que sea la Legislatura la que apruebe eventuales modificaciones a los derechos y obligaciones del agente financiero. También, sostienen que debe eliminarse la sugerida exención impositiva dado “el importante beneficio” que reportará al agente financiero la disponibilidad de todos los fondos públicos que hacen al giro de la Provincia depositados en sus cuentas. En esa misma dirección, subrayan la conveniencia de que se obligue al banco a contratar al IAPS, cuando el ente ofrezca iguales o similares condiciones a las de otras aseguradoras.
La propuesta del NEE ataca la decisión de “canalizar con exclusividad a través del agente financiero toda línea de préstamo en el que la Provincia subsidie la tasa” y pone en cuestión el amplio espectro de asuntos que se despliega cuando se habilita a las partes “renegociar de buena fe las comisiones y/o precios convenidos”.
Fuente: El Diario
