Mediante un escrito los legisladores Fabián Rogel, Alba Allende de López, Horacio Giorgio, Rubén Villaverde, Osvaldo Fernández, Arturo Vera, Eduardo Solari, Monzón de la UCR y Lucy Grimalt, de la “Red” le piden al fiscal que analice si lo denunciado no se inscribe entre los delitos (presunto Incumplimientos de Deberes de Funcionario Público y/o Omisión de los Deberes del Oficio) tipificados en el código penal.
Entre las pruebas que adjuntaron los diputados provinciales figuran una Copia del Boletín Oficial del 21 de Abril de 2.004 en el que se publicó el Decreto Nº 7184 Gob., copia de la Ley Número 9376, la Solicitud presentada a la Fiscal de Estado para que emita Dictamen, de fecha 1-9-05, el Pedido de Informe al Poder Ejecutivo provincial presentado en la Cámara de Diputados por el Bloque de Diputados radicales, los Dictámenes de Valiero correspondiente al Expediente Número 553166 Cámara de Diputados de fechas 1-3-05 donde expresa que el convenio primigenio esta vigente hasta su vencimiento (hasta noviembre del año 2008), la nota del Gobernador avalando lo informado por Valiero y la Carta Intención suscripta por el Gobernador Busti dirigida las autoridades de Banco de la Nación Argentina, en la cual se manifiesta y se compromete a que los nuevos adjudicatarios gozarían de los beneficios de un nuevo contrato de agencia financiera.
En la presentación a la fiscalía y entre otras cosas, los diputados aseguran que “la conducta de Busti de no remitir el Decreto a refrendo Legislativo y la de Valiero de consentir tal omisión, ha generado un enorme perjuicio económico a la Provincia, ya que tal omisión deliberada lo fue con la finalidad de justificar que el convenio anterior no estaba vigente y posibilitar la firma de un nuevo convenio mediante el cual aparece como claramente beneficiado el grupo privado adquirente del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.
