Federik sostuvo que están amparados por el derecho a la información pública para acudir a Tribunales. Y reitero que es la única forma cuando se agotaron las vías administrativas normales en la Legislatura.
“Vamos a tener que empezar a judicializar esta situaciones. Es algo que a nosotros no nos gusta pero si la política no da respuestas a las cuestiones claramente señaladas por la Constitución como los pedidos de informes a los legisladores, no queda otro remedio que la judicialización”, manifestó.
“Los pedidos de informe que hemos hecho al Poder Ejecutivo, no solamente este referido a la Codesal y a la designación de (Luis) Mazurier en la Codesal, no fueron contestados”, señaló Federik. En tal sentido, indicó que en los tres años que llevan como legisladores, no hubo respuesta alguna a todas las solicitudes de información por la vía parlamentaria. El diputado señaló que han sido “muy críticos” con Mazurier acerca de las cuestiones que ha desarrollado.
Más adelante, el legislador radical señaló que algo similar sucede con el parador turístico que “armó (el ministro de Turismo, Hugo) Marsó para Urribarri” en Mar del Plata. El bloque de diputados quiere saber de donde salieron los fondos y como fueron aplicados. “No se nos contestan los pedidos de informes", dijo. Si bien hubo "una declaración muy sincera de Marsó diciendo que el ministerio de Turismo de Entre Ríos el que armó el parador para Urribarri”, Federik sostuvo que requieren más precisiones sobre el tema.
Por ello, no descartó ir a la Justicia también por ese tema. “Veremos que es lo que se resuelve cuando se levante a feria judicial”, dijo el presidente del bloque quien también aseguró que el tema fue analizado en la última reunión de bloque del año pasado.
El lunes DIARIOJUNIO publicó un informe acerca de las estructuras rotas como parrillas y piletas de lavar, sanitarios abandonados, basura y desperdicios por doquier, entre otras cuestiones, en el Lago de Salto Grande. Las playas del Perilago, el Hotel Ayuí y los dos complejos termales, son administradas por la Codesal. No sólo el periodismo desconoce el presupuesto que maneja la repartición estatal sino que ni siquiera los legisladores pueden acceder a esa información.
