El Poder Ejecutivo impulsó este proyecto para poder disminuir el número de trabajadores -que según el INDEC son más de tres millones- que cumple sus tareas sin tener aportes previsionales ni obra social.
La bancada del Frente para la Victoria, que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio, decidió acelerar la sanción de este proyecto que fue aprobado en el Senado a fines de abril, para poder convertirlo en ley y que el gobierno cuente con nuevas herramientas para luchar contra el trabajo no registrado.
El kirchnerismo pidió una sesión especial para este miércoles a las 10 para debatir este proyecto que tendrá un amplio respaldo político dado que, con diferentes matices, el radicalismo y el Frente Renovador respaldarán en general la iniciativa, y plantearán sus críticas en la discusión en particular.
Así quedó expresado en el plenario de las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto, donde tanto la Unión Cívica Radical -la principal fuerza opositora- como el Frente Renovador dieron su aval en general a la iniciativa propiciada por el Gobierno, pero con disidencias parciales.
En cambio, los partidos políticos que acompañan como aliados al Gobierno nacional como el Frente Cívico de Santiago del Estero y Nuevo Encuentro renovaron su respaldo a esta propuesta y firmaron el despacho que respetó sin cambios el texto votado por el Senado el pasado 30 de abril.
En cambio, el macrista PRO, Unidad Popular -donde militan el ex sindicalista de la CTA Víctor De Gennaro y Claudio Lozano-, y el bloque del Frente de Trabajadores de Izquierda presentaron dictámenes rechazando, con argumentos opuestos entre sí, el proyecto del Gobierno nacional.
El proyecto contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral.
En ese Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales, se incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores y contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales o incurran en trata de personas para el trabajo forzado.
A través de la iniciativa, también se crea un Régimen Especial y Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempresas de Menores Niveles de Productividad y Competitividad con beneficios.
Ese régimen abarca a empresas que tienen hasta cinco trabajadores, que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual.
Para este tipo de empresas, habrá una reducción en las contribuciones patronales de hasta un 50 por ciento de manera permanente y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART en ese sector.
Asimismo, las empresas de hasta 15 trabajadores van a tener un régimen transitorio para la creación de nuevos puestos de trabajo a través de una disminución de cargas sociales; en tanto que habrá otra escala para las empresas que tengan entre 17 y 80 trabajadores y más de 80 empleados.
