Se trata del texto enviado el 16 de abril pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que establece la intervención de YPF «por un plazo de 30 días con el fin de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, el abastecimiento de combustibles y garantizar la cobertura de las necesidades del país».
A través del texto, se establece además la designación del ministro de Planificación Federal y del viceministro de Economía, al frente de la empresa recuperada.
Desde el oficialismo, el titular de la comisión bicameral permanente de Trámite Legislativo, Jorge Landau (FPV), defendió la intervención de YPF y consideró «falso» considerar esa decisión del gobierno nacional como una «confiscación».
«Se trata de una ley de expropiación que observó todos los alcances previstos en la Constitución y en los tratados internacionales», declaró Landau, al abrir el debate en el recinto sobre el decreto que establece la intervención transitoria de la empresa YPF recientemente recuperada y de YPF-Gas.
Landau aseguró que el Frente para la Victoria «no está únicamente para defender a la Presidenta, está también para defender los intereses de Argentina, y no de empresas privadas cuando esos intereses no coinciden con los del país».
Por el radicalismo, en tanto, el diputado nacional Jorge Albarracín (UCR-Mendoza) expresó que “no está acreditado que sea correcto el uso de facultades legislativas en estos decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo”, al anticipar el rechazo de esa bancada a los DNU.
Asimismo, el diputado nacional de Unión Popular, Claudio Lozano, aseguró que si bien el FAP respaldó el proyecto de recuperación de YPF impulsado por el gobierno nacional, esa bancada rechazará los decretos del PEN por no estar de acuerdo con las autoridades designadas por el Ejecutivo para hacerse cargo de la empresa.
Desde el PRO, el titular del bloque, Federico Pinedo, cuestionó los decretos del PEN y afirmó que «lo que tenemos que resolver es si es bueno o malo para el futuro de los argentinos la intervención con un decreto de una empresa privada».
