El proyecto que, según Díaz era un reclamo de abogados y del Poder Judicial, se materializa con un texto que establece la garantía de una revisión integral de los fallos en segunda instancia, tal y como lo establecen los pactos internacionales, y la doctrina de la Corte Suprema desde hace varios años.
Con esta iniciativa, la autora pretende generar una nueva alternativa de revisión de condena, al plantear, con estas modificaciones al viejo y nuevo Código Procesal Penal (CPP), una nueva ley procesal más benigna. Transformando estos artículos, por el principio de ley más benigna, el caso Rossi podría ser revisado por otro tribunal, claro que para esto primero deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
Dicho de otro modo, lo que intenta la legisladora con la modificación de varios artículos del viejo como del nuevo CPP, es que todo condenado, y en particular Rossi, tenga una revisión del proceso con otro tribunal, distinto a los que ya revisaron ese veredicto y por el cual se le ratificó su culpabilidad del delito de enriquecimiento ilícito con prisión condicional y ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Además el proyecto crea la Cámara de Casación Penal, que funcionará en dos salas, una en cada costa de la provincia, y estará integrada por 6 jueces, que van a ser los encargados de conocer en los recursos de casación.
La legisladora señaló que con este nuevo tribunal intermedio se solucionaran dos graves problemas de la justicia entrerriana. “En primer lugar de aliviar al máximo tribunal de la Provincia ya que las apelaciones irán a la Cámara, y de esta manera se sacara al Superior tribunal-quien es el responsable del correcto proceso penal- de la órbita ordinaria, quedando la Cámara de casación, como tribunal intermedio entre las tribunales de primera instancia y el Superior Tribunal de Justicia encargado del recurso de inconstitucionalidad”.
