El presidente del bloque oficialista Juan Navarro manifestó que “las dos leyes sancionadas son herramientas fundamentales para profundizar este proceso económico de crecimiento con inclusión social. Con estas leyes el gobierno entrerriano continúa promoviendo el desarrollo de la actividad económica y demuestra claramente que sus políticas están dirigidas para los sectores de la economía que mas lo necesitan”.
La encargada de defender el proyecto sobre economía social fue la diputada María Laura Stratta, quien expresó que “la sanción de esta ley es un gran sueño hecho realidad, que lo comenzamos a gestar en una de las primeras reuniones que tuvimos con el gobernador Sergio Urribarri cuando éramos referentes de la Red Bancos Populares de la Buena Fe de Entre Ríos. Es una apuesta fuerte y una decisión política que nos marca como una provincia inclusiva que promueve la igualdad de oportunidades”.
A su vez, la diputada resaltó que “La importancia de esta ley es en primera instancia reconocer a la economía social como un área sensible a la que hay que estimular, fomentar y generarle los mecanismos para fortalecerla”. Dentro de los beneficios remarcó “la posibilidad de efectuar compras públicas directas a los efectores de la economía social y que el Estado pregone con el ejemplo, abriendo canales de comercialización para estos efectores. Otro eje es la posibilidad del fondo para la economía social que, además de contar con aportes nacionales e internacionales o donaciones, especifica el 5% de lo producido por los juegos de azar del IAFAS”.
Para graficar cito como ejemplos que “los efectores de la economía social, que pueden ser personas físicas o jurídicas, a través de la herramienta como lo es el monotributo social puedan tener todos los beneficios sociales que los trabajadores en blanco poseen. También que lo producido por ellos mismos lo pueda comprar el Estado, por ejemplo
si el Estado tiene una política de abrigo que las frazadas sean confeccionadas por manos entrerrianas” y que a través del Fondo se consolide la posibilidad de que los ciudadanos accedan al trabajo a través de la herramienta del microcrédito, y que también se pueda fortalecer la comercialización de aquellos que ya han accedido al crédito”.
Por otra parte, con los votos del oficialismo se convirtió en ley el proyecto enviado por el Ejecutivo que propone la creación de un fideicomiso que funcionará como un fondo de garantías para pequeños y medianos emprendedores de la provincia. A través de esta ley se autoriza a constituir una sociedad anónima con asistencia estatal mayoritaria que se llamará Fondo de Garantías de Entre Ríos.
Además, el bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR), resolvió acompañar con su voto la iniciativa del Poder Ejecutivo provincial con media sanción del Senado por la que se crea el Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social de la provincia de Entre Ríos.
Los legisladores radicales consideraron oportuno votar favorablemente este proyecto para darle a las entidades sociales, las herramientas necesarias para que puedan tener acceso sin trabas burocráticas, a todas aquellas propuestas contenidas en el articulado de la nueva norma.
También la bancada de la UCR fijó su posición en relación al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone la creación de un fideicomiso que funcionará como un Fondo de Garantías destinado a los pequeños emprendedores de la provincia y que autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una sociedad anónima con asistencia estatal mayoritaria que se llamará Fondo de Garantías de Entre Ríos (FOGAER).
Al respecto, y después de formularse críticas en cuanto a la redacción de la norma, los legisladores del principal partido de la oposición en Entre Ríos indicaron: «Pretendemos que haya un mayor control y que exista una auténtica responsabilidad y transparencia tanto de los actos como de los miembros que lo integren», a la vez que consideraron relevante que las minorías legislativas «puedan integrar los órganos de vigilancia y control».
Hicieron hincapié asimismo en la integración del capital del Fondo, «ya que lo dejan librado a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo y entendemos que es una facultad indelegable que le compete al Poder Legislativo».
