El proyecto de ley, cuya autoría corresponde al Poder Ejecutivo provincial, deberá volver al Senado ya que sufrió modificaciones en su articulado.
En términos generales, la norma aprobada por la Cámara Baja apunta a generar herramientas para que la Policía y la Justicia de Entre Ríos puedan actuar contra el denominado “narcomenudeo”, que es la comercialización de droga en baja escala. Y entre los puntos más destacados, la iniciativa modifica el artículo 1° de la Ley N° 9783 y establece que Entre Ríos adhiere parcialmente a la Ley Nacional N° 26052, por lo que asume la competencia para la investigación de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley de Estupefacientes.
El proyecto aprobado
El texto que fue aprobado modifica el artículo 1° de la Ley N° 9.783, que queda redactado de la siguiente manera: “Adhiérase parcialmente a la Ley Nacional Nro. 26.052, asumiendo la provincia de Entre Ríos la competencia para la investigación de los delitos previstos en el Artículo 34º de la Ley Nacional Nro. 23.737, en los términos que se enuncian en el artículo 3º de la presente”.
Además incorpora como segundo párrafo de la Ley 9.783, el siguiente: “Hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos enunciados precedentemente, el Poder Ejecutivo provincial queda facultado para efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de las disposiciones de la presente ley.”
Añade que el Ministerio Público Fiscal podrá requerir al juez de garantías todas aquellas medidas urgentes tendientes a la detección y desarticulación de la trama de comercialización de pequeña y mediana escala, con la finalidad de acumular evidencias que nutran una futura acusación y juzgamiento.
Finalmente, diputados incorporó, al texto original, como artículo 4º de la Ley Nº 9.783 lo siguiente:
“Artículo 4°: Efectivizadas las medidas urgentes, el legajo será remitido al Fuero Federal de la jurisdicción que corresponda a los fines de la continuidad del trámite.”
Argumentos
Como miembro informante, la diputada Rosario Romero fue quien argumentó la iniciativa al afirmar que fue proyecto debatido y discutido intensamente en el ámbito de la comisión, donde se invitaron a diferentes personas a brindar sus opiniones, donde también se recibieron aportes por escritos, y se le han realizado algunas mejoras al proyecto.
Durante su alocución, brindó información estadística elaborada por el Juzgado Penal de Niños y Adolescentes, a cargo del Dr. Mario Goméz del Río, relacionados con usos de armas y el 90 por ciento de los casos con presencia de estupefaciente, precisó.
A su vez, afirmó que el Ejecutivo Provincial con esta ley “realiza un aporte más, brinda una herramienta. Es dar un paso más en la persecución del delito que es el gran problema, no solo de Entre Ríos sino del país”.
En cuanto a la puesta en marcha de dicha herramienta, la diputada Romero precisó que “en la práctica, muchas veces la Policía recibe denuncias de los vecinos porque hay kioscos de drogas en los barrios y lo único que pueden hacer los efectivos policiales es ir con una orden de allanamiento buscando armas porque la exigencia del protocolo les obliga a hacer seis meses de seguimiento y escuchas telefónicas. Y ese protocolo no está a la altura de las posibilidades tecnológicas y la Policía en muchos casos está con las manos atadas en estas circunstancias”.
“No se trata de estigmatizar al consumidor, que será tratado como una persona enferma porque depende de las drogas. La idea es desbaratar a los comerciantes al menudeo de drogas”, puntualizo.
“Queremos atacar la red delictiva que vende la droga al consumidor en los barrios de nuestras ciudades, y de igual modo queremos frenar la cadena de delincuencia que se expresa de diversas maneras: hurtos, robos, trata de personas y demás delitos violentos”, finalizó Romero.
Interés Provincial a la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del MERCOSUR
Asimismo, durante la sesión diputados aprobó declarar de Interés Provincial la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del MERCOSUR y la autorización, en el marco de la cumbre, a la contratación directa para la ejecución de obras, a realizarse en el mes de diciembre en la ciudad de Paraná. El proyecto fue aprobado por mayoría y tuvo el rechazo de la Unión Cívica Radical, Frente Renovador y el FAP.
En cuanto a la iniciativa, en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo a la Honorable Cámara, especifica que la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur reviste “real importancia regional por cuanto reúne a las más altas autoridades de los Estados miembros y de los Estados asociados del MERCOSUR, para lo cual, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la Nación ha solicitado el apoyo institucional de la PROVINCIA DE ENTRE RIOS a fin de lograr que el evento se realice en las mejores condiciones, dando cabal muestra de la voluntad y liderazgo por la integración que caracterizan a nuestro País”.
Por tal razón y atendiendo a la proximidad de la fecha de realización, el Poder Ejecutivo solicita autorización para contratar en forma directa la ejecución de obras, provisión de suministros, servicios y todo otro acto y/u operación que sean necesarios para la realización de los distintos eventos inherentes al ámbito de la citada Cumbre del Mercosur.
En el articulado del Proyecto de Ley, se faculta al Poder Ejecutivo a suscribir Acuerdos y/o Convenios con Cámaras, Colegios, Entidades Privadas, Organizaciones no Gubernamentales y otras, con suficiente experiencia y solvencia técnica para que, por sí o a través de terceros presten la colaboración necesaria para la concreción de los fines previstos.
Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo para reglamentar la Ley y crear una Unidad Operativa al efecto, con facultades suficientes para llevar a cabo las acciones que permitan desarrollar los procedimientos necesarios hasta su total culminación en tiempo y forma. Dicha Unidad Operativa, dentro de los Treinta (30) días de finalizadas las actividades, deberá comunicar detalladamente a la Legislatura lo relativo a las obras y/o suministros contratados.
El Poder Ejecutivo además, deberá efectuar las adecuaciones y transferencias presupuestarias que resulten necesarias para la concreción de los procedimientos previstos.
