Tras conseguir el dictamen de mayoría, la diputada nacional Cecilia Merchán destacó que «por primera vez, desde el regreso de la democracia, el Congreso se hizo eco del debate sobre el aborto» y consideró que se trata de «un día histórico» porque la problemática «se venía discutiendo en todos los ámbitos de la sociedad, pero no donde se elaboran las leyes».
Aún resta que el proyecto pase por las comisiones de Salud y Familia por lo que Merchán señaló que «como en todas las luchas complejas, vamos paso a paso: el de hoy nos acerca a la meta de eliminar la principal causa de mortalidad materna» e insistió en el pedido para el presidente de la Comisión de Legislación Penal, Carlos Vega, para que convoque una reunión plenaria. «Tenemos la expectativa de que esto acelerará los tiempos y permitirá obtener el mayor consenso posible para que el dictamen pueda ser tratado en el recinto», aseguró la diputada.
Aunque el aborto está prohibido por ley en la Argentina, salvo en casos de peligro para la vida o la salud de la madre, violación o abuso a una mujer discapacitada, según cifras oficiales se registran alrededor de 500.000 interrupciones voluntarias del embarazo cada año.
Amnistía Internacional, por su parte, consideró positivo el inicio del debate y aseguró que es «necesario poner fin a los abortos practicados en situaciones de riesgo». El organismo de derechos humanos envió una carta a la Cámara de Diputados en la cual sostuvo que «la penalización del aborto genera que las mujeres y niñas recurran a la interrupción del embarazo ilegal, clandestino e inseguro poniendo en peligro su salud y hasta su vida».
Amnistía estimó que es «inaceptable que el Estado las obligue a continuar con un embarazo consecuencia de una violación», y enfatizó que «la salud reproductiva implica que las personas puedan tener una vida sexual satisfactoria y segura, la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia».
