Se unificaron dos expedientes, cuya autoría corresponden a los diputados Marcelo Bisogni (FPV) y Stratta y al diputado Jorge Monge (UCR), los cuales pretenden subastar los bienes muebles registrables secuestrados por infracciones de tránsito.
Por otra parte, el diputado Marcelo Bisogni también se refirió a la iniciativa, al afirmar que “esta ley se debe crear, dando respuesta al gran crecimiento del parque automotor producto de las políticas económicas del gobierno provincial y nacional que favorecieron a que los entrerrianos pudiéramos acceder a la compra de vehículos, motovehículos y también al crecimiento que tuvo el turismo, como también el transporte por la alta producción y el desarrollo de la industria”.
Asimismo, rescató que “esta ley es una herramienta que le va a dar la posibilidad a todos los municipios a mejorar la seguridad vial, en conjunto con todos los controles que ya se vienen realizando, y mejorar con un marco normativo las políticas de seguridad vial que van a brindarle mayor orden en este sentido a todos los entrerrianos”.
En sintonía con los diputados precedentes, el diputado Jorge Monge (UCR) argumentó el acompañamiento del bloque de la Unión Cívica Radical, al considerar que lo que se busca es evitar el congestionamiento de vehículos y motovehículos en los depósitos de las ciudades o comunas que se generan por infracciones de tránsito y de transporte.
Finalmente, la diputada Rosario Romero (FPV) expresó que “esta ley va ayudar no solamente a las ciudades más pobladas, sino también a las pequeñas ciudades”.
“Es el momento de ver que se hace con el poder de policía que facilita o posibilita el secuestro de vehículos, sean autos o motovehículos, pero a su vez estos muchísimas veces mantienen gran cantidad de tiempo en depósitos y llega un momento que la facultad o el poder de policía del estado se ve limitado precisamente por la necesidad de seguir sosteniendo los vehículos y no tener lugar para agregar nuevos vehículos secuestrados”, precisó Romero.
En cuanto al proyecto de ley, el mismo establece que se aplicará a “todo vehículo o motovehículo secuestrado que se deposite en dependencias de municipios o de la provincia, a causa de infracciones de tránsito y de transporte”, aunque quedarán excluidos los bienes secuestrados por disposición del Poder Judicial.
La autoridad de aplicación será el Departamento Ejecutivo Municipal o Comuna y el Poder Ejecutivo Provincial según quien haya dispuesto el secuestro. Para ello, los municipios o comunas deberán adherir al régimen sancionando una ordenanza o adecuar la normativa local vigente.
La función de autoridad de aplicación será la de proceder a la venta en subasta pública de los bienes secuestrados a causa de infracciones de tránsito o de transporte. Asimismo, la iniciativa estableces que “los bienes secuestrados se enajenarán mediante subasta pública, la que deberá llevarse a cabo si en el término de seis meses, contados desde la fecha del acta de secuestro, el titular registral o la persona denunciada por éste como adquirente o terceros interesados, no se presenta a retirar el vehículo secuestrado respetándose las formas, procedimiento y plazos previstos por la ley”.
