La mayoría justicialista sancionó definitivamente la ley de cogobierno del IOSPER luego de un debate que se cerró a las 2:30 de la madrugada. Los demás legisladores anticiparon en sus intervenciones que no apoyarían la iniciativa oficialista.
El diputado José Allende (PJ), actuó como miembro informante, comentando que, luego de los cuestionamientos que había recibido el proyecto, habían mantenido reuniones con el presidente de la obra social, Silvio Moreyra, y que le habían garantizado que el espíritu de la ley no significaba ni intervención ni cogobierno.
Moreyra, que además es empleado de la Legislatura provincial, estaba en el recinto. Expresó que se habían hecho gestiones de último momento que resultaron infructuosas ante la negativa de los legisladores a introducir en la norma los cambios que pretendían. Adelantó que hoy se producirán medidas de acción directa en el Instituto por parte de algunos gremios y que por la tarde la mayoría en el Directorio fijará posición.
Tras Allende, hizo uso de la palabra el titular de la bancada radical Fabián Rogel, quien argumentó la negativa de su bloque, sosteniendo que la Legislatura había sido “convidada de piedra” en la discusión previa y que, abierto ya el proceso de normalización tras las elecciones, este tipo de cambio restrictivo no se podía concretar una vez abiertas las expectativas puestas en el nuevo directorio.
La diputada Lucy Grimalt (La Red) intervino luego con un alegato en contra también del proyecto sentado en dos bases: que es un parche que no conforma a nadie ya que lo que se requiere son medidas más de fondo y que los cambios traen mayor confusión.
La exposición más extensa, y tal vez la más sólida, estuvo dada en la intervención de la diputada de la Concertación Entrerriana Beatriz Montaldo, quien apuntó a remarcar que los cambios finalmente introducidos reformulan la función del IOSPER, anulando su autarquía y transformándose en una virtual intervención.
Posteriormente a las exposiciones de los legisladores opositores, pidió la palabra el presidente del bloque justicialista (uno de los tres que componen la bancada oficial) Emilio Castrillón quien retomó algunas de las consideraciones realizadas por Allende sobre el proyecto, intentando solventar la postura de que la ley no significaba intervención ni cogobierno y que el espíritu de autarquía se respetaría en el “espíritu de la norma” y también en su posterior reglamentación por parte del Ejecutivo.
Por otra parte, cinco de los siete directores del Iosper brindaron una conferencia de prensa en el día de ayer para repudiar la voluntad intervencionista del Poder Ejecutivo, y cuestionar la gestión de los dos últimos interventores, que se extendió entre abril de 2005 y mayo de 2006, Miguel Sampietro y Ricardo Rizzo.
Del encuentro tomaron parte el presidente del Iosper, Silvio Moreira, a quien se sumaron, además de Vásquez, el policía José Luis Viggiani, el docente Teodoro Demczuk y el representante de los empleados del Iosper, Hugo Muñoz. No fueron de la partida Ariel de la Rosa, enrolado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), y el jubilado Rubén Zaragoza.
“Ante este proyecto decimos que no aceptamos la intervención, que vamos a renunciar a nuestros cargos si esta ley avanza, porque nosotros no venimos a cobrar un sueldo, venimos a representar a los afiliados”, dijo Moreira.
