“Hemos puesto en conocimiento de la justicia tres hechos puntales donde él (Aranguren) favorece directamente a la empresa Shell de la cual él es accionista”, sostuvo el legislador de La Cámpora.
Para el diputado kirchnerista, “Aranguren no solo debería renunciar. El daño que le está haciendo a la sociedad argentina porque negocios para beneficiarse personalmente merece que vaya a la cárcel”.
Según Tailhade, “por un lado, Aranguren favoreció directamente a Shell en el tarifazo, donde Shell es proveedora de gas al sistema nacional de gas. Allí le generó una transferencia de recursos fenomenal a la compañía que en el ejercicio 2016 se traducirá en mayores dividendos para él”. En segundo lugar, agregó, “la compra de gas a Chile que es una maniobra delictiva también, donde se le dejó de comprar a Bolivia por una excusa que inventó a Aranguren que fue desmentida por el ministro de hidrocarburos de Bolivia, Luis Sánchez”.
“Y el tercer hecho son las licitaciones de gas licuado donde se hicieron 8 licitaciones y Shell ganó 7”, puntualizó.
El diputado del Frente para la Victoria recordó que “el fiscal Stornelli lo imputó por el delito en el que nosotros calificamos las maniobras, sin prejuicio que por ahí el fiscal dice que no puede descartarse abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En declaraciones a CN23, Tailhade consideró “indignante ver que funcionarios como Aranguren, que genera negocios para la empresa de la cual es accionista, le diga a la gente que si no le gusta el precio no cargue nafta, o como el ministro del Interior Rogelio Frigerio que dijo que la gente en la Patagonia andaba en remera porque tenían un consumo de gas elevado”.
“Ahora desde el Gobierno nos quieren decir que nos están regalando el gas porque los aumentos van a ser solo del 400 por ciento”, agregó el legislador, que puntualizó además que “en la denuncia también está imputada Laura Alonso porque un mes antes de los tarifazos se le avisó que el Ministerio de Energía estaba copado por los máximos ejecutivos de los principales actores del mercado. Sin embargo, la funcionaria que pudo impedir estos negociados no lo hizo, cajoneó los expedientes y no hizo nada, por lo cual consideramos que Laura Alonso es cómplice”.
