La iniciativa, que consta de 24 artículos de fondo y uno último de forma, establece que el Estado entrerriano "reconoce y garantiza a toda persona el derecho de acceder a la información pública". Señala asimismo que "los derechos, obligaciones y responsabilidades que emanan de la presente son directamente operativos”.
Puntualizó que estarán obligados a brindar información pública "los tres poderes del Estado provincial, órganos centralizados o descentralizados, Tribunal de Cuentas, Entes Autárquicos Provinciales, Universidad, Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta o con participación Estatal en la formación de decisiones societarias, Entes Privados prestatarios de Servicios Públicos, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, Ministerio Público, Fondos Fiduciarios constituidos por el Estado Provincial o con participación de éste, Concesionarios y demás Contratistas del Estado y personas privadas a las que se haya otorgado subsidios o aportes públicos, en relación a éstos, los municipios y las comunas”.
También hizo referencia a los recaudos que deberán cumplir los pedidos de información; cómo será el procedimiento y la respuesta, entre otros aspectos.
Otro artículo propicia que "se prohíbe brindar información sobre datos personales de carácter sensible. Los legitimados pasivos enunciados en el artículo 4° no pueden negarse a brindar información de carácter personal. Son datos personales de carácter sensible aquellos que revelen origen racial y étnico, opiniones políticas, religión, creencias ideológicas, filosóficas o morales, filiación sindical e información referente a la salud física o mental o preferencias sexuales y cualquier otra información íntima de similar naturaleza o que pudieran afectar el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, dice el proyecto.
Asimismo el proyecto de ley que tuvo entrada ayer en la Cámara Baja y que tiene las firmas de otros legisladores del Frente Cambiemos, especifica las siguientes excepciones:
La información catalogada por ley, acuerdo o decreto fundado como confidencial, secreta o reservada. La excepción se extenderá por un plazo máximo de diez años.
Cuando la entrega de información pudiera lesionar el principio de igualdad entre oferentes o información definida en pliegos de condiciones como de acceso confidencial, en los términos de las leyes de contabilidad pública y de contrataciones del Estado y sus disposiciones complementarias.
Cuando la información requerida fueran consejos, recomendaciones y/u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de decisión del Gobierno.
Cuando la entrega prematura de información pudiera comprometer la estrategia procesal del Estado en el trámite de una causa judicial o el deber de sigilo que debe guardar el abogado o procurador judicial respecto de los intereses de su representación o cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial”.
El proyecto del diputado radical propone que la autoridad de aplicación sea la Oficina de Acceso a la Información Pública, que “se integrará por un director y tres secretarías”.
El primero será “elegido por la Legislatura por mayoría absoluta de votos del total de miembros de cada Cámara y designado por el Poder Ejecutivo”, mientras que los secretarios “serán elegidos por concurso público de oposición y antecedentes. Actuará como Jurado de Concursos el Consejo de la Magistratura”. Todos “durarán en sus cargos cinco años, pudiendo ser reelectos”.
Al fundamentar su proyecto, el diputado Monge, expresó: "La primera regulación del derecho de acceso a la información pública que se aplicó en el ámbito provincial fue el Decreto nº 1169 Gob., del 23/03/2005”, que es la normativa actualmente vigente, y que autoriza a que ante el incumplimiento, ambigüedad o aporte de información pública parcial o inexacta, el interesado puede debía la denuncia ante la Oficina Anticorrupción provincial, que depende de la Fiscalía de Estado “órgano de control cuyo funcionamiento a lo largo del tiempo, ha perdido paulatinamente su impronta originaria”, sostuvo el legislador.
“Pasada esta primera experiencia, la provincia ha quedado rezagada en cuanto a la obligación de legislar el tema, privándose así de introducir en el ámbito del territorio una importante institución constitucional que serviría para aportar mayor transparencia a la actividad del Estado en todos sus aspectos”, enfatizó.
Luego hizo una reseña de antecedentes no sólo en la provincia sino también en el orden nacional (donde rige el Decreto Nº 1172/03), así como fallos de la Corte Suprema de Justicia, en especial el fallo sobre el contrato de YPF con Chevron".
Al respecto, Monge, consideró: “Recuerda que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social”, y marca que el fallo destaca “que la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”.
Finalmente rescató la doble dimensión individual y social del derecho de acceso a la información pública”, determinada por la Corte Interamericana y que receptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo sobre la petrolera estatal.
“A nuestro juicio, queda claro que es impostergable sancionar en Entre Ríos una ley que cumpla con lo que manda de la Constitución Provincial y a la vez recepte este criterio, cuya meridiana claridad no admite discusión alguna”, concluyó Monge.
