Ante el rechazo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, el primero en arribar a la Corte fue Appiani, el 9 de junio último. Su recurso ya fue analizado por los ministros Eugenio Zaffaroni y Enrique Petracchi y ahora, desde el 15 de julio, se encuentra en el despacho de Elena Highton de Nolasco.
Luego le siguió Zapata, cuyo recurso ingresó el 16 de junio y al igual que el anterior ya pasó por los votos de Zaffaroni y Petracchi y ahora está en manos de Highton de Nolasco.
En tanto, Moyano también llegó a la Corte el 16 de junio y por el momento sólo recibió el voto de Zaffaroni, según pudo determinar UNO.
Appiani, oriundo de Rosario y abogado, al momento de cometer los delitos se desempeñaba como Auditor del Ejército y Auxiliar del Consejo de Guerra Estable N° 1 y N° 2 de la Subzona de Defensa 22 – 2/22 “Paraná”. Se le imputa su participación, en calidad de autor mediato de los delitos de: privación ilegítima de la libertad agravada por la especial calidad de funcionario público, en abuso de funciones, mediante el uso de violencias y amenazas; aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales, e imposición de tormentos, conductas agravadas por haber durado mas de un mes, que se enmarcan dentro del tipo genérico de delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas.
Por su parte el otorrinolaringólogo Hugo Mario Moyano se desempeñaba como agente civil médico del Servicio Penitenciario de Entre Ríos durante la última dictadura. Se le imputan en calidad de partícipe necesario los delitos de: Privación ilegítima de la libertad agravada por la especial calidad de funcionario público, en abuso de funciones, mediante el uso de violencias y amenazas; aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales, e imposición de tormentos, conductas estas que se enmarcan dentro del tipo genérico de delito de lesa humanidad de desaparición forzada de personas.
Carlos Horacio Zapata, oriundo de Diamante, se desempeñaba como agente de la Policía de Entre Ríos, oficial de la Dirección de Investigaciones. Conformó un grupo de tareas integrado por personal de investigaciones de la Policía de Entre Ríos. Se le imputa su intervención en carácter de coautor, de los delitos de: privación ilegítima de la libertad agravada por la especial calidad de funcionario público, en abuso de funciones, mediante el uso de violencias y amenazas; aplicación de severidades, vejaciones y apremios ilegales, e imposición de tormentos, conductas agravadas por haber durado más de un mes; que se enmarcan dentro del tipo genérico de los delitos de lesa humanidad y de desaparición forzada de personas en su calidad de funcionario público.
