El comunicado de Cancillería señaló que «la delegación argentina está a la espera de reunirse con su contraparte uruguaya para acordar la difusión de los resultados» logrados a partir de un monitoreo, que contó con 16 visitas a la planta. En tanto, se divulgó un informe preliminar entregado al canciller Héctor Timerman que contiene más de 10 páginas con un detalle pormenorizado de lo ocurrido en referencia al monitoreo desde el fallo del Corte de La Haya, que ordenó el control conjunto en 2010.
El informe publicado advierte sobre «excesos de los niveles de producción» de la pastera y aclara que «hasta el momento no se ha podido dar información por parte de la CARU sobre el monitoreo de UPM, debido a desacuerdos en el seno de dicha Comisión sobre las normas que rigen los vuelcos de efluentes de la empresa».
Otro de los motivos que se esgrime es la «carencia de información uruguaya que esclarezca episodios ocurridos en el curso del monitoreo del Comité Científico, e inconsistencias en los informes producidos por el laboratorio canadiense seleccionado para analizar la mayoría de las muestras obtenidas en ocasión de cada muestreo». Además, se destaca la «permanente obstrucción, de parte del Uruguay al monitoreo de la planta de UPM (ex Botnia)».
A principios de esta semana, se hizo público que la Justicia federal de Entre Ríos ordenó al CARU que informe “con urgencia” sobre los resultados de los controles realizados en la planta procesadora de pasta de celulosa. La resolución del juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, se produjo en respuesta a una presentación realizada recientemente por los abogados de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
