Luego de tantos años en la Justicia, las partes avanzaron con una mediación penal, donde los dirigentes imputados, Alfredo Bel, Atilio De Ángeli, Juan Echeverría y Elvio Guía, hicieron un pedido de disculpas a los policías, se responsabilizaron de lo ocurrido y a la vez brindaron una reparación económica a ocho efectivos de la fuerza. Cabe mencionar que el acuerdo estipuló el pago de 40.000 pesos a cada a uno de los policías afectados.
En virtud de ese convenio es que la Justicia dictó el sobreseimiento teniendo en cuenta que los uniformados aceptaron las disculpas y la reparación económica, salvo dos policías que eligieron continuar el reclamo por la vía Civil.
“Esas dos personas están reclamando daños y perjuicios”, confirmó el querellante que representa a los policías, Marcos Rodríguez Allende, quien lamentó la decisión adoptada por considerar que “la mejor alternativa de resolución de conflictos es la mediación penal”.
La furia de aquella jornada dejó como saldo a siete policías heridos de diferente gravedad, pero que luego pudieron recuperarse.
Los ruralistas fueron representados por los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, mientras que por el Ministerio Público Fiscal intervino Santiago Brugo.