El legislador concordiense prosigue diciendo: ”Solo a título de ejemplo, hace pocos meses atrás se creó el Polo Tecnológico del Paraná, auspiciado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación y el Gobierno Provincial.
La orientación de esta entidad, es privilegiar las actividades vinculadas a la industrias de la salud y a las de software y, fundamentalmente la vinculación de ambas entre sí, constituyéndose por lo tanto, no tan sólo en un centro de referencia provincial si no también regional y nacional en la materia.
Otro dato singular es que la provincia de Entre Ríos posee una larga y fructífera trayectoria en las industrias de la Salud, muy a pesar que durante mucho tiempo el Estado no haya jugado un rol de peso en dicho sentido, entre ellas la actividad de la industria farmacéutica, y de la producción de equipos y productos médicos y biomédicos”, sostiene Jakimchuk.
“En este último vector se registran un importante número de pequeños emprendimientos, muchas veces encarados por profesionales independientes egresados de la universidad entrerriana, con una gran carga de conocimientos y aptitudes científicas y técnicas, pero en general carentes de apoyos financieros y comerciales.
Entendemos que, por ejemplo, este tipo de empresas deben ser apoyadas para que crezcan, se consoliden y puedan en un futuro cercano, poseer una canasta de ofertas competitivas y sustitutivas de elementos similares que son de origen extranjero”.
”Es indudable que la Provincia de Entre Ríos ha logrado crear un importante entramado de industrias y actividades económicas estrechamente relacionadas al vector tecnológico y de la salud, con una fuerte apoyatura académica, tanto en el sector público como en el privado, entre las que podemos destacar carreras universitarias en enfermería, medicina, termalismo, kinesiología, bromatología, nutrición, alimentación, bioimágenes, esterilización análisis, producción de medicamento, bioingeniería, etc.
Ante tales circunstancias creemos que es oportuno que la provincia adhiera a la ley 26688, puesto que la misma es una clara definición política de este tipo de actividad: define a los medicamentos, vacunas y productos médicos como bienes sociales, con todas las repercusiones que ello trae aparejado. La principal consecuencia es que como bien social, no puede estar sometida a la mera lógica del mercado, es decir ser tratada como una mera mercancía, puesto su principalísima función es satisfacer necesidades sociales básicas, en especial de los sectores más vulnerables de la población”.
Otra de las consecuencias, que se deduce de la primera es la necesaria intervención estatal para regular, promover, distribuir y asegurar la provisión y llegada de tales bienes a todos nuestros conciudadanos.
Ello por otro lado implica la existencia de ámbitos de concertación social entre actores públicos y privados, y cuando no también la posibilidad de actuar directamente el estado en la producción y/o comercialización misma en los casos en que tales extremos no estén garantizados por el mercado.
Finalmente, la adhesión permitirá la obtención de beneficios promocionales que la Nación prevea en el futuro, a lo cual se considera apropiado conferir una serie de beneficios provinciales concretos
