El oficialismo logró anoche un dictamen de mayoría para modificar la Ley de Riesgos del Trabajo y así dinamitar la denominada "industria del juicio". La iniciativa quedó lista para ser sancionada mañana en el recinto de Diputados, en el marco de las sesiones extraordinarias que convocó la semana pasada Mauricio Macri.
Ayer, las comisiones de Legislación del Trabajo (que comanda el justicialista Alberto Roberti), y de Presupuesto y Hacienda (que lidera Luciano Laspina, del PRO) se reunieron por la tarde en el anexo de Diputados para analizar el proyecto que votó el Senado en diciembre pasado, también en sesiones extraordinarias.
Sin embargo, Macri dio un giro en enero pasado y gatilló un DNU para activar los cambios a la ley de ART, lo cual generó un fuerte debate y el oficialismo regaló la tribuna del Congreso a la oposición, que aprovechó para castigar esa decisión. Luego, el Ejecutivo convocó a extraordinarias para evitar un traspié. Para la sesión de mañana, Cambiemos necesita que tanto el bloque del PJ como el cada vez más serpenteante Frente Renovador acompañen a la hora de votar.
Este último bloque tuvo nuevamente una interna ayer, tras el acuerdo que dio la semana pasada Sergio Massa para avalar el proyecto: el legislador y sindicalista de los peajes Facundo Moyano se opuso al dictamen, algo que celebró la diputada Margarita Stolbizer (GEN), con quien el Frente Renovador busca sellar una alianza de cara a las elecciones de octubre.
"Bajar los juicios debe ser el resultado de evitar y bajar los accidentes y enfermedades laborales; y no cercenado derechos", dijo Stolbizer vía redes sociales, y luego festejó la decisión de Moyano de votar "a favor de los trabajadores" y de rechazar "una norma que los condena".
También se opuso en el massismo el camionero chubutense Jorge Taboada, mientras que Héctor Daer, una de las tres patas de la CGT, acompañó el dictamen de mayoría, lo cual podría generar tensiones en el buró gremial.
El proyecto que se votará mañana establece el "carácter obligatorio y excluyente" de las comisiones médicas -una de primera instancia y otra central, de apelación- para el inicio del trámite administrativo tras un accidente laboral. Si se acepta esta mediación, lo decidido se convertirá en cosa juzgada. Si no, se podrá activar la vía judicial.
No obstante, los trabajadores que no estén registrados podrán acceder al litigio desde el principio. Además, las ART deberán compensar a obras sociales que otorguen atención a trabajadores accidentados, y ante incapacidad se tomará el mejor sueldo o un promedio de los últimos meses, entre otros cambios aceptados.
"La comisión médica jurisdiccional deberá expedirse dentro de los 60 días hábiles administrativos, contados a partir de la primera presentación debidamente cumplimentada", aunque dicho plazo "será prorrogable por cuestiones relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional debidamente fundadas".
Cuando el Poder Ejecutivo envió al Senado el proyecto original sobre las ART se imponía el plazo de un año para crear un "proyecto de ley de protección y prevención laboral". El sindicalismo pulverizó esa directiva y exigió la obligación de convocar al Comité Consultivo Permanente.
Luego, el Gobierno tomó nota y consensuó con la CGT y casi toda la oposición en el Senado para modificar la iniciativa y establecer que se deberá presentar una iniciativa de prevención de accidentes dentro de tres meses -e igual plazo para sancionarla-, que deberá contar con el aval del respectivo Comité Consultivo.
