Conti afirmó en primer lugar que “es preocupante que un poder del Estado quiera apartarse de lo que establece la ley” en materia de Declaraciones Juradas.
“En el año 2013 sancionamos la Ley 26.857, modificando la Ley de Ética Pública. Esta nueva norma significó un avance fundamental en materia de transparencia y control republicano. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación optó por no respetar el régimen general establecido para todos los funcionarios públicos”, lamentó Conti.
La legisladora dijo que “mediante las acordadas 25/2013 y 9/2014, la Corte decidió que las Declaraciones Juradas de los jueces de la CSJN no fueran controladas por la Oficina Anticorrupción, sino que fuera la Secretaría General de Administración de la propia Corte quien las reciba”.
“La independencia judicial, pilar de la democracia, no implica privilegios arbitrarios. Los jueces deben rendir cuentas a la sociedad como cualquier otro funcionario”, aseguró en un comunicado.
Pero para la kirchnerista, “algo más grave ocurre con el pago del impuesto a las Ganancias: desde hace veinte años, la Corte Suprema ha evitado que los jueces paguen este impuesto como cualquier otro ciudadano”.
“El argumento –recordó- ha sido la independencia judicial y la intangibilidad de la remuneración. Pero este razonamiento esconde algo elemental: la intangibilidad de las remuneraciones pretende que el sueldo de los jueces no sea manipulado políticamente para influir sobre sus decisiones; esto de ninguna manera significa que los jueces no deban pagar impuestos”.
“La igualdad ante la ley exige que los magistrados tributen como el resto de los trabajadores, aportando recursos que luego sean utilizados para financiar políticas públicas en áreas como educación, salud, seguridad, entre otras”, explicó la diputada del Frente para la Victoria.
Y agregó: “Luego de dos décadas de resistencia, es hora de que el Poder Judicial, se inserte en una política democrática e igualitaria. La sociedad lo exige, la República lo justifica y el propio Poder Judicial –si desea fortalecer su legitimidad– lo necesita”.
“Así como el Poder Legislativo acata los fallos que declaran la inconstitucionalidad de preceptos legales, al Poder Judicial corresponde respetar en su integridad las leyes de la Nación”, razonó.
Por último, concluyó que “en ambos casos, declaraciones patrimoniales públicas e impuesto a las Ganancias, el Congreso Nacional ya hizo las leyes. La igualdad ante ellas está en manos de la Corte Suprema, es decir, de sus ministros. Es hora que den ejemplo”.
