El comunicado comienza señalando que el 23 de marzo, “la DGR fue víctima de un intento de fraude mediante el uso indebido de claves informáticas”. Luego informó que “el sistema contable funcionó adecuadamente detectando el día 30 de marzo las diferencias en las planillas de pagos por lo que no hubo daño fiscal”.
El intento de fraude está circunscripto a tres operaciones efectuadas el 29 de marzo por $ 2.662,12 en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, $ 1.662, 54 y $47,39, en Profesiones Liberales, respectivamente. Miraglio destacó que “si bien la cuestión de fondo es la seguridad, las cifras mencionadas son relativamente bajas si se tiene en cuenta que en marzo la DGR recaudó 39 millones de pesos y atendió decenas de miles de operaciones de pago”.
Miraglio indicó que las eventuales responsabilidades penales se expondrán ante la Justicia luego de que se cumplan los pasos administrativos y procesales adecuados.
Falla informática
El titular de Rentas informó luego que “en fechas más o menos coincidentes quedó administrativamente expuesta una grave falla en la seguridad informática lo que motivó el alejamiento del responsable del área”
La falla consistió en la falta de resguardo adecuado de programas que se utilizan para desencriptar claves. El inconveniente fue advertido dentro de la misma repartición y la dirección del organismo fue informada del mismo “el 5 de abril y no el 23 de marzo como erróneamente se informara”.
Más adelante, Miraglio aseguró que no está acreditado que el intento de fraude esté relacionado con la existencia de programas desencriptadores de claves en sitios y condiciones de seguridad inadecuados, debido a que “aún no se ha determinado si dichos programas desencriptadores fueron efectivamente usados o no”.
El director de la DGR afirmó que comenzaron a trabajar especialistas del Ministerio de
Hacienda y Finanzas de Córdoba para analizar los hechos acontecidos y mejorar la seguridad del sistema.
Además, informó que, en forma paralelae al sumario administrativo de rigor que se tramita en Fiscalía de Estado, se efectuará una auditoría externa “para dilucidar si el intento de fraude sufrido es producto de una falla estructural del sistema o de la acción de un empleado infiel con altos niveles de acceso al sistema”. Miraglio expresó que, posterior a esta auditoría, “se tomarán las medidas que correspondan a efectos de salvaguardar al personal del organismo ajeno al hecho”.
Desde la repartició argumentan que, en ningún caso, los sucesos mencionados “pueden ser argumento para el no pago de impuestos provinciales que seguirán siendo exigidos de acuerdo a la ley”.
Por último, el comunicado indica que el 5 de mayo del corriente se producirá la apertura de una licitación cuyo objeto es la incorporación de tecnologia avanzada para la seguridad del sistema.
