El legislador recordó que en Ecuador, el presidente Rafael Correa solicitó que la deuda que los organismos internacionales reclamaban a ese país fuera verificada a través del Parlamento y logró una quita sustancial del 70 por ciento. “Es lo que estaba documentado, y no lo que los fondos buitres pretendían cobrar», indicó.
Asimismo añadió que no se puede pagar lo que no está documentado, a partir exclusivamente de la determinación de un gobierno. “Esa decisión debe tomarla el Estado en su conjunto, es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, sostuvo. En tanto, sostuvo que los organismos internacionales de crédito algún día deberían saber que: “nosotros tenemos identidad nacional, tenemos patriotismo y tenemos instituciones, que son las que deben actuar en función de ese objetivo».
En este marco, el diputado sostuvo que lo mismo pasa con los gobernadores. “Dicho con todo respeto, no hay más gobernadores en la República Argentina, excepto por el nombre jurídico, pero en la acción concreta terminan siendo brazos ejecutores de las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional”, indicó. Como ejemplo, sostuvo que “tiene más poder el ministro de Planificación Julio De Vido sobre las decisiones de una obra pública que hay que hacer en una provincia que su propio gobernador”.
El diputado también expresó que no es posible que en un barrio de Paraná no haya agua potable y haya que pedirle a un funcionario nacional que se encargue de hacer una obra de red cloacal o una red sanitaria. “Eso le corresponde al Municipio de Paraná por derecho propio, porque nosotros pagamos las tasas y los tributos», indicó.
En este sentido señaló que “es inconcebible” que se esté usando un fondo solidario de la soja para dar solución a un problema sanitario de Paraná, cuando “debería destinarse a una zona rural, donde se cosecha la soja, el maíz, el trigo, para un desarrollo más productivo de ese ámbito”. E indicó que es justo que los problemas de Paraná “se solucionen con el dinero que se recauda fundamentalmente de las tasas que pagan los ciudadanos».
