El Gobierno contraoferta y extiende la negociación con acreedores externos el 22 de junio. Según confirmaron fuentes oficiales a El Destape, entre jueves y viernes el Ministerio de Economía enviará la enmienda a la propuesta oficial ante las autoridades reguladoras estadounidenses y, a partir de esa fecha, se prorrogarán, al menos, por otros diez días los acuerdos de confidencialidad entre las partes para continuar con las discusiones hasta alcanzar un acuerdo definitivo.
El equipo económico a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán, y los bonistas extranjeros avanzan en la reestructuración de 65.000 millones de dólares de deuda bajo legislación extranjera. La nueva contraoferta se publicará por decreto y en una orden a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) sobre el fin de esta semana.
La última prórroga en las negociaciones, vigente desde principio de mes, vence este viernes, pero la intención es llegar a esa fecha con una enmienda a la propuesta original definida. Los cambios estarán en línea con el informe de avance que publicó Economía el jueves 28 de mayo.
En ese documento se mantiene como oferta la estructura de diez bonos elegibles (cinco en dólares y cinco en euros) pero se reduce a dos años (antes eran tres) el período de gracia para comenzar a pagar intereses. Se eleva el pago de los cupones, con un aumento de las tasas de interés, lo que lleva a que la oferta tenga un valor presente neto que va de 45 a 50 centavos por dólar dependiendo el título, diez centavos por encima de la valuación presente de la oferta original.
Se incluiría un “bono devengado” adicional que devengará un intereses del 1 por ciento anual desde 2022 hasta 2034 (con un año y medio de gracia; es decir, comienzan a cobrar antes).
Se puso en la mesa de negociación ofrecer como un cupón (adicional) atado al PBI, pero los acreedores lo rechazaron y exigen un pago en efectivo. El menú que ofrecen los bonistas se valúa en 54 centavos por dólar de deuda en valor presente.
Las posiciones parecen haberse estancado en el último tramo, pero el espaldarazo del Fondo Monetario esta semana afianzó, según reconocen en el entorno de Guzmán, la postura argentina. El organismo que conduce Kristalina Georgieva había reconocido que, según estimaciones de su staff, el país tiene margen limitado para ofrecer una mejora en la propuesta y dejaron trascender que un menú con un valor por encima de los 50 centavos no sería sustentable.
La posición argentina recibió anteriormente el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), junto al de embajadas, secretarios del Senado estadounidense, renombrados economistas y especialistas en finanzas y deuda, premios Nobel, gobernadores, referentes de la oposición, gremios, megaempresarios y pymes.
En el Palacio de Hacienda no descartan que la postergación, a través de acuerdos de confidencialidad entre las partes, podría extenderse incluso veinte días más. “Al día de hoy no tenemos firmado ningún acuerdo de confidencialidad pero es muy probable que se haga, vamos hacía ello, para dar lugar a una nueva ronda de interacción con los acreedores antes de presentar la última oferta”, informaron desde Economía.
“Todo se define al final del período de suscripción, tenemos que removernos de la idea de la ansiedad de cuándo, cómo y quién acuerda. Estimo que haya acreedores que no digan nada o tengan reservas y a último momento entren”, señaló el representante argentino ante el Fondo Monetario, Sergio Chodos, en declaraciones radiales desde Washington.
