Aguilera, Almada y Cardoso se encontraban cada uno en sus viviendas, cuando llegaron las comisiones policiales con las respectivas órdenes judiciales, para ser detenidos en el marco de la causa por los contratos. Según publicó el portal Página Judicial, los tres imputados fueron derivados a la Alcaidía de Tribunales y desde la Procuración General se hizo saber que, en las próximas horas, se realizará la audiencia oral y pública, en la cual se formulará el formal pedido de la prisión preventiva para las tres personas.
En cuanto al hecho fraudulento que se les adjudica, los fiscales creen que habría comenzado a funcionar en el ámbito del Senado en enero de 2008 y en la Cámara de Diputados se habría iniciado después del 11 de diciembre de 2011, aunque sobre esta cuestión hay dudas. Lo cierto es que entre ambas cámaras se llegaron a firmar unos 350 contratos de obra, hasta que se habría descubierto el mecanismo, el 20 de septiembre pasado, cuando detuvieron a varias personas con una fuerte suma de dinero y gran cantidad de tarjetas de cobro, mientras retiraban dinero de los cajeros.
Manejo de fondos
El pago a esos contratados se habría hecho a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas cámaras legislativas. En el Senado, eran Juan Domingo Orabona (entre 2007 y 2011) y Gustavo Pérez (desde 2011); y en Diputados, el responsable era Cardoso, uno de los detenidos este viernes. Ellos, según se investiga, tenían el manejo de los fondos para el pago de esos contratos y, además, contaban con la facultad funcional de emitir los cheques y, más acá en el tiempo, supuestamente, de generar la apertura de las cuentas sueldo para los contratados.
Aguilera cumplía funciones en el Senado y está sindicado como el supuesto recaudador en la gestión anterior del ex mandatario, oriundo de General Campos. Supuestamente, Aguilera era quien recogía el dinero de todos aquellos quienes extraían las sumas de los cajeros. La mayoría está detenida en la Unidad Penal. Además, en la causa están formalmente imputados son los senadores nacionales, Pedro Guillermo Guastavino y Sigrid Kunath, quienes habían tenido como contratadas a varias de las personas que integraban esta asociación ilícita. También se formularon cargos contra el actual presidente del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; y Aguilera.
